De hecho, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) indica que a 30 de junio había 25.106 puntos de recarga operativos en el país, última cifra con la que cuenta la organización y consensuada entre los operadores de instalación, que supone un 16,4% más respecto a los datos de 2022, cuando se anotaron 21.573 puntos.
Además, se estima que hay unos 6.800 puntos de recarga pendientes de ser puestos en servicio, un 8% menos si se tiene en cuenta que finales del año anterior el número ascendía a 7.400. «Teniendo en cuenta tanto los puntos operativos como los pendientes de puesta en servicio, se ha constatado un ritmo de crecimiento en torno a un millar de puntos de recarga públicos al mes en el primer semestre de 2023, que obviamente se habrá acelerado en el segundo porque se van reduciendo las barreras», ha comentado el director general de Aedive, Pérez de Lucia.
En caso de activarse todos los puntos de recarga pendientes, la red superaría los 31.000, una cifra todavía lejana al objetivo marcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos, en el que se indicaba que se desplegarían entre 80.000 y 110.000 puntos en 2023, entre aparcamientos y carreteras. Ahora bien, para Pérez de Lucia la actual infraestructura es «suficiente para el parque de vehículos eléctricos existente», compuesto por 359.283 coches eléctricos e híbridos enchufables, según el último Anuario de la Movilidad Eléctrica.
Para el director general de Aedive, el principal problema que rodea a la infraestructura de recarga pública española es su bajo uso, situado en un 5,7%, que es 1,5 puntos porcentuales superior al final de 2022, cuando fue del 4,2%.
Otro de los problemas es el elevado cotes de los cargadores. El precio de un cargador de 74 KW (kilovatios), junto a su instalación en un domicilio o garaje comunitario, ronda entre los 1.500 y 2.000 euros.
Sin embargo, el coste se reduciría en un 70% gracias a las ayudas del Plan MOVES III, dotado de 800 millones para fomentar la movilidad eléctrica, siempre que queden fondos por asignar. No existen cifras exactas sobre su número en España, pero un estudio de la organización Ecodes determina que se necesitarán 3 millones de puntos de recarga privados si se quiere lograr que circulen por el país los 5 millones de vehículos eléctricos que fija como meta el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (Pniec).
Por su parte, el estallido de la guerra de Ucrania provocó que muchas familias buscasen alternativas a las elevadas facturas de la luz que estaban llegando a sus hogares. En este contexto, la instalación de sistemas de generación de energía para el autoconsumo fotovoltaico aumentó a altas velocidades en 2022, impulsado en parte por la promesa de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que subvencionarían las habilitaciones de instalaciones de energía renovable para suministro propio en el ámbito residencial y empresarial.
A pesar de que la transición hacía las energías verdes sigue haciendo que las fuentes renovables continúen ascendiendo, este crecimiento se ha visto ralentizado, sobre todo en el mercado residencial, desde principios de este año. El alza de los tipos de interés ha encarecido productos financieros como créditos al consumo que algunos particulares utilizaban para poder costearse la inversión inicial, y la moderación del precio del suministro ha hecho que el cambio en el ‘mix’ energético sea menos apremiante. A esto se le suma el bloqueo de los fondos europeos, cuyo pago se ha retrasado ampliamente del plazo esperado y todavía no ha sido abonado a un gran número de los solicitantes.
La energía solar es una de las opciones más solicitadas por los domicilios españoles, no solo por el atractivo de una fuente de suministro renovable y no contaminante, sino también por la alta rentabilidad que se puede obtener de este tipo de instalaciones. De hecho, puede ayudar a ahorrar entre el 70 y el 90% del precio final de la factura de la luz. Además, el excedente energético producido podría venderse a las compañías eléctricas por un precio rebajado, logrando ingresos adicionales.
Desde la empresa Solfy, que se dedica a la instalación fotovoltaica para el autoconsumo, estiman que el despliegue medio que contrata una residencia en el país, de unos ocho paneles solares y una potencia de cuatro kilovatios hora (kW), obtendrá rendimientos para recuperar totalmente la inversión en un periodo de entre los 2 y 6 años. Esta inversión inicial, cuyo promedio en España sería de unos 4.500 euros, puede rebajarse beneficiándose de las bonificaciones y ayudas ofrecidas por las diferentes administraciones públicas, reduciendo así el tiempo necesario para que la inversión ofrezca rentabilidades positivas.
Sin embargo, las ayudas más cuantiosas, las correspondientes a los fondos europeos para la transición ecológica, no han sido ejecutadas en su totalidad, a pesar de haberse abierto su primera convocatoria en julio de 2021. El agotamiento de los fondos y los problemas en la tramitación y gestión de las comunidades autónomas, que serían las responsables de realizar los pagos a los consumidores, han complicado los planes de financiación de hogares y empresas que abogaron por el autoconsumo atraídos por las generosas subvenciones para su instalación, y ha frenado el crecimiento de este tipo de soluciones energéticas, indica la compañía del sector Solideo.
Un reducido número de comunidades han pagado un porcentaje considerable de las ayudas, entre ella Navarra. La mayoría de gobiernos autonómicos españoles, al contrario, continúan sin haber abonado la cuantía acordada a la practica totalidad de los particulares cuya solicitud fue tramitada y aprobada a pesar de que muchas de estas instalaciones se encuentran ya en funcionamiento desde hace un tiempo considerable.
