Junto a ello, el déficit público se ha reducido al 2,1% del PIB —el nivel más bajo en 18 años— y la economía ha crecido un sólido 2,8%, muy por encima de la media europea. El Gobierno tiene motivos para celebrar unas cifras que, en términos agregados, dibujan un panorama macroeconómico notablemente positivo.
El dinamismo de los ingresos descansa, principalmente, en el buen comportamiento del mercado laboral. El IRPF vuelve a ser la principal fuente de recursos, impulsado por el aumento del empleo y por una base salarial más amplia.
A ello se suma un IVA al alza, reflejo de un consumo que, pese a la inflación acumulada y al endurecimiento financiero de los últimos años, ha mantenido un tono resistente. También el Impuesto sobre Sociedades y otras figuras han contribuido a reforzar las arcas públicas, lo que evidencia una economía todavía en fase expansiva.
Desde la óptica fiscal, la reducción del déficit por debajo del objetivo comprometido con Bruselas refuerza la credibilidad presupuestaria de España en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración en varias economías del entorno. Haber logrado este ajuste sin recurrir a grandes recortes del gasto —y con un crecimiento económico superior al de la eurozona— es, sin duda, uno de los principales activos del balance de 2025.
Sin embargo, el análisis no debería quedarse en la euforia coyuntural. Una parte relevante del aumento de la recaudación responde a factores cíclicos: más empleo, más consumo y mayores beneficios empresariales. La pregunta clave es hasta qué punto este ritmo es sostenible en un escenario en el que pesan riesgos evidentes: la persistencia de tensiones inflacionarias ligadas a la energía, la posibilidad de un endurecimiento adicional de las condiciones financieras y un contexto internacional cada vez más volátil.
Además, el récord recaudatorio convive con debates de fondo que siguen abiertos. La presión fiscal efectiva sobre trabajadores y empresas, la eficiencia del gasto público y la capacidad del sistema tributario para sostener el Estado del bienestar a medio y largo plazo siguen siendo cuestiones centrales. El paquete fiscal ha aportado ingresos adicionales significativos, pero también ha alimentado el debate sobre el equilibrio entre recaudación, competitividad y crecimiento.
En definitiva, 2025 deja una fotografía macroeconómica favorable y una posición fiscal más sólida que en años anteriores. El reto para el Gobierno no es solo consolidar estos resultados, sino transformarlos en una senda estructuralmente sostenible, capaz de resistir un cambio de ciclo sin que vuelvan a dispararse el déficit y la deuda.
La historia reciente demuestra que los récords de hoy no garantizan la estabilidad de mañana si no van acompañados de reformas, prudencia presupuestaria y una visión de largo plazo.
