En el caso de Repsol, el pasado 28 de marzo recibió una notificación procedente del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, a través de la cual 46 concesionarios reclaman una indemnización de 246,5 millones de euros, más otros 145 millones en concepto de intereses. Es decir, más de 391 millones de euros. «Estos concesionarios se habrían visto perjudicados por una infracción del derecho de la competencia, consistente en la fijación indirecta por parte de Repsol del precio de venta al público en su red de estaciones de servicio, tal y como declaró la resolución de la CNMC en 2009», relata Repsol en su folleto.
Mientras, en el caso de Moeve (antes Cepsa), la compañía informa de que el pasado 24 de marzo recibió la notificación de una demanda colectiva interpuesta contra ella por 22 concesionarios de estaciones de servicio, «solicitando la nulidad de su relación contractual por fijación de precios».
«Los demandantes han solicitado daños y perjuicios por importe de 89,6 millones de euros más intereses, y subsidiariamente, 61 millones de euros más intereses, en base a una resolución sancionadora dictada por la CNMC en 2009», especifica Moeve en dicho folleto. Esos «intereses» de la demanda principal, conforme a la información facilitada por la asociación de afectados, ascienden a 49,8 millones, por lo que hacen un total de 139,4 millones de euros. La compañía, quien ha declinado hacer declaraciones a este medio al respecto, indica que está preparando la respuesta a la reclamación con sus propias alegaciones.
La nueva cuantía solicitada —139 millones de euros— se suma a la que más de 3.000 transportistas interpusieron a la energética en febrero de 2023 por la misma razón. En este caso, cada uno de los transportistas reclamó 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios, haciendo un total de 32,3 millones de euros. Cabe señalar que esta otra demanda se encuentra en otro cauce más avanzado, y espera a la designación de una fecha para la celebración del juicio.
Y para el caso de Bp, la petrolera británica todavía no ha comunicado a los mercados la respectiva notificación. Sin embargo, desde la plataforma de afectados indican a este medio que la cuantía reclamada en su caso se eleva, añadiendo intereses, a 51,1 millones de euros.
Con todo ello, la cuantía total reclamada por los concesionarios suma 582 millones de euros. Sin embargo, queda por delante un largo camino judicial que, de concretarse y obtener un veredicto negativo para los intereses petroleros, haría a estas compañías perder una notable cuantía.
Estas y otras demandas emanan de una resolución publicada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en 2009. En ella, el organismo sancionó a estas tres petroleras por fijar indirectamente el precio de venta al público (PVP) a empresarios independientes que operan bajo su bandera, a través de distintas prácticas contractuales y usos comerciales; un comportamiento que restringía la competencia.
