Redexis ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución de 20 de julio de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre la retribución aplicable a la actividad de distribución de gas natural debido a las especificidades de los territorios insulares. La compañía ya agotó la vía administrativa después de que Competencia resolviera que no procedía incrementar los parámetros de retribución aplicables a la actividad de la compañía en las Islas Baleares.
En un informe remitido al regulador en julio de 2020, que elaboró Deloitte bajo el título ‘Informe de análisis de los sobrecostes existentes en la actividad de distribución de gas natural en territorios insulares’, Redexis apunta a unos supuestos inductores de sobrecostes en los territorios insulares, como son el uso de transporte marítimo para los materiales y repuestos, la menor disponibilidad de personal cualificado específico, así como de proveedores locales especializados y terrenos para realizar obras, y un coste de vida «muy superior» debido a los desplazamientos, vivienda y manutención.
En concreto, la compañía asegura en el documento que los sobrecostes en Baleares pueden alcanzar entre un 40% y un 85% en comparación con la actividad de distribución de gas en la península. En el documento, compara unas ratios ponderadas de supuestos sobrecostes calculados para las redes de Baleares y un «territorio peninsular equivalente», compuesto por la agregación de los activos que conforman las redes de Aragón y Murcia. El documento concluye que existen sobrecostes en la actividad de distribución de gas en las Islas Baleares respecto a la península, por lo que sería necesario incrementar como mínimo en un 40% el modelo retributivo establecido por la CNMC en su Circular 4/2020.
Por su parte, Competencia respondió a Redexis que los análisis presentados «no demuestran sobrecostes en Baleares», sino que los resultados «señalan únicamente» que los activos de la compañía en el territorio de Aragón y Murcia obtienen una mayor retribución con respecto a los costes en comparación con las redes del archipiélago. «La comparativa propuesta basada en un supuesto territorio peninsular equivalente (Aragón + Murcia) no es suficiente para determinar un posible sobrecoste en territorio insular; para ello es necesario realizar un análisis en el que se incluya la totalidad de las empresas distribuidoras del sistema gasista español, con el fin incrementar la muestra comparativa y considerar la realidad de otros territorios», argumenta la CNMC.
Por el contrario, Redexis alega que la conclusión a la que llega el organismo que preside Cani Fernández, según la cual los costes unitarios en inversiones de capital (Capex) y operativos (Opex) en las Islas Baleares se localizan en su gran mayoría por debajo del total del sector, «es incorrecta y no resulta consistente con el modelo retributivo de la actividad de distribución de gas natural». Competencia sometió a trámite de audiencia su propuesta de resolución y también recibió alegaciones del Gobierno balear, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y la Federación de Industria, Construcción y Agro de Illes Balears de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA Illes Balears). El procedimiento abierto ahora en la Audiencia Nacional puede alargarse entre tres y cuatro años.
Por su parte, el Ejecutivo regional afirma que el aumento de los parámetros retributivos permitiría corregir el desequilibrio histórico del territorio balear, que presenta menor penetración del gas natural que la media del resto de España a causa del retraso en su gasificación. La CAEB indica que, en el caso del gas natural, se tienen sobrecostes en la mano de obra especializada y en el abastecimiento de tuberías y accesorios. UGT-FICA Illes Balears manifiesta que la retribución actual «no corrige el desequilibrio histórico asociado al hecho insular, lo cual puede provocar efectos muy negativos en el empleo».
La retribución de la actividad de distribución de gas natural son los ingresos regulados que se reconocen a las empresas por realizar esta actividad de red (actividad considerada monopolio natural) con acceso de terceros regulado. Se trata, por tanto, de la contraprestación, con una rentabilidad razonable, que se paga a las empresas distribuidoras por el empleo de sus recursos humanos, materiales y financieros para satisfacer dicha necesidad de mercado. A diferencia del suministro eléctrico, el del gas natural carece de un criterio de esencialidad y universalidad (únicamente es reconocido como un bien de interés general).
Para determinar la retribución base para el periodo 2021-2026, la Circular 4/2020 introdujo la necesidad de realizar un ajuste a la retribución que habían percibido las empresas distribuidoras de gas natural en el año 2020, motivado por la existencia de activos que habían completado su vida útil regulatoria.
Son 17 los municipios de las Islas Baleares con redes de distribución. Son suministrados desde 2009 con el gas natural proveniente de la península mediante un gasoducto submarino de 269 km y 20 pulgadas de diámetro (casi 430 millones de euros de inversión). Por su parte, el único municipio de las Canarias con red de distribución se suministra mediante aire propanado. Redexis es la única empresa en España que distribuye tanto en territorio peninsular como en insular. Está presente así en Baleares, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura. Murcia, Madrid, y Cataluña.
En los últimos 10 años, Redexis ha invertido más de 270 millones de euros en Baleares en el despliegue de infraestructuras gasistas. Actualmente, opera más de 1.250 kilómetros de gasoductos de transporte y redes de distribución, estando presente en 37 municipios de Mallorca, Ibiza y Menorca, y dando acceso al gas canalizado a 850.000 ciudadanos, industrias y negocios, prácticamente el 75% de la población de las islas.
También cuenta con autorización del Ministerio para la Transición Ecológica para inyectar hidrógeno renovable en la red de gas en el marco del proyecto Green Hysland en Mallorca, cuyo objetivo es crear un ecosistema de hidrógeno verde en la isla. También está construyendo el primer ‘hidrogenoducto’ a nivel nacional, al tiempo que ha firmado un acuerdo para instalar la primera pila de combustible del mundo en un hotel de la cadena Iberostar en Palma
