El futuro de la reducción de la jornada laboral en España, que prevé pasar de 40 a 37,5 horas semanales, sigue en el aire. Y que sea viable dependerá, en buena medida, de las condiciones que imponga Junts.
El grupo parlamentario de Carles Puigdemont se ha convertido en el socio clave para que Yolanda Díaz saque adelante su proyecto estrella de legislatura, pero ese apoyo está condicionado a unas exigencias que van más allá del ámbito del Ministerio de Trabajo.
Según ha adelantado ABC, los independentistas catalanes han trasladado que no basta con evaluar el impacto de la medida en las pymes, sino que es necesario abrir un abanico de negociaciones que implique a otros departamentos del Ejecutivo. En concreto, ponen el foco en el Ministerio de Seguridad Social, que dirige Elma Sáiz, y en el de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo.
¿Qué medidas reclama Junts?
Entre sus demandas figura abordar el creciente absentismo laboral y realizar un análisis en profundidad de la incapacidad temporal (IT), que en el primer trimestre del año aumentó un 10% y supuso un sobrecoste de 5.000 millones de euros para la Seguridad Social. Los de Puigdemont reclaman medidas para frenar este gasto desbocado, lo que implicaría directamente a Sáiz.
Además, Junts exige a Economía soluciones frente a la brusca caída de la productividad en las pequeñas empresas, un problema que consideran central en el debate sobre la jornada laboral. Reclaman un plan que «acompañe» a las pymes en la transición hacia las 37,5 horas semanales, con iniciativas que mejoren su competitividad y su valor añadido.
Pero no se quedan ahí. También plantean a Trabajo la necesidad de flexibilizar la normativa laboral para adaptarla a la realidad de los pequeños negocios y facilitar la cobertura de determinados puestos de trabajo donde faltan profesionales.
Estas condiciones han complicado las negociaciones, y se retomarán en septiembre con el inicio del nuevo curso político. Sin embargo, la ley establece que todas las empresas deberían aplicar la nueva jornada antes del 31 de diciembre, pero la tramitación parlamentaria ni siquiera ha superado el primer debate de totalidad. La ministra de Trabajo confiaba en que Junts retirase su veto en el pleno del pasado 22 de julio, pero el partido independentista optó por mantener su enmienda a la totalidad. «No es el momento oportuno» para aparecer respaldando al Gobierno de Pedro Sánchez, argumentaron, en plena entrada en prisión del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
El resultado es que la norma, de salir adelante, lo hará previsiblemente con un texto mucho más rebajado que el inicialmente pactado entre Trabajo, UGT y CC. OO.
