El Comité General de Empresa de ambas sociedades públicas, compuesto por CCOO, UGT, SEMAF, SF y CGT, emplaza a los trabajadores a parar los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo, así como el 1 y 3 de abril, en respuesta a esta falta de diálogo con el Ministerio de Transportes. La convocatoria de paros llega después de que el pasado jueves, empresa y sindicatos cerrasen sin acuerdo la comisión de conflictos abierta por los representantes sindicales.
Las huelgas serán totales (durante 24 horas) los días 17 y 26 de marzo y 1 de abril. Además, se convocarán paros parciales durante tres franjas horarias el resto de jornadas (19, 24 y 28 de marzo, y 3 de abril). Este calendario coincide con días de alta demanda en determinados núcleos, como el de Valencia, para el que se han planificado refuerzos con motivo de la celebración de las Fallas. En consecuencia, el Ministerio tendrá que concretar los servicios mínimos correspondientes.
Los comités de empresa reclaman «el compromiso de la integridad en Renfe y Adif de las plantillas y la operación en Rodalies y Mercancías»; y denuncian que los acuerdos con la Generalitat «aumentan gastos, duplican costes y no mejoran el servicio». A este respecto, apuntan que «se pretende duplicar el entramado societario con un nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas».
Los sindicatos ferroviarios consideran que se están incumpliendo los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes en noviembre de 2023 con los que trataron de frenar la segregación de las empresas públicas Renfe y Adif en favor de los acuerdos políticos con ERC y Junts. El acuerdo con los sindicatos garantizaba que Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías; se preservaría la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas; y que se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar soluciones consensuadas.
Al mismo tiempo, lo firmado entre el Gobierno central y el regional contempla la creación de una sociedad mercantil mixta con participación mayoritaria de la Generalitat y la exclusión de la RFIG de la línea R-1 entre Bifurcación Sagrera y Maçanet-Massanes— «conllevan cambios sustanciales tanto en la operación como en la infraestructura», según los representantes de los trabajadores. Sin ir más lejos, el traspaso de un tramo de la línea R-1 supone sacarla de la red ferroviaria estatal (RFIG) que controla Adif, lo que «podría traducirse en una disminución de los estándares de seguridad y en la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea».
Además, denuncian que tampoco se está cumpliendo con el pacto de garantías acordado en 2013, que obligaba a negociar con los sindicatos el nuevo modelo societario de Renfe. Esos acuerdos obligaban a establecer un diálogo social entre Transportes, Renfe y los sindicatos en todo lo relativo al traspaso de Rodalies. Así, cuestionan no haber tenido «ningún tipo de participación activa en las mesas de trabajo, lo que supone una falta absoluta de diálogo entre las partes».
Además de por Rodalies, los sindicatos también denuncian el «incumplimiento manifiesto» del acuerdo para dar entrada a MSC como socio industrial de Renfe Mercancías. A su parecer, se está produciendo «una descapitalización» de la sociedad pública «para llevar a cabo una privatización encubierta».
En concreto, apuntan que «se está permitiendo el deterioro de la empresa pública mediante acciones como no concurrir a nuevas contrataciones de carga, obstaculizar la labor de los comerciales en la captación de clientes o bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión». Para sustentar esta afirmación, apuntan a los informes trimestrales sobre la evolución del transporte de mercancías por ferrocarril que publica la CNMC, y donde «se pone de manifiesto la constante pérdida de cargas de trabajo de Renfe Mercancías en favor de Medway» (la operadora del grupo MSC).
