El documento analiza el contexto climático y energético actual, el proceso de implantación de proyectos renovables y su relación con el territorio, identificando beneficios, barreras y buenas prácticas. Además, pone el foco en la importancia de integrar los proyectos en el territorio y en las comunidades locales como condición imprescindible para avanzar hacia una transición energética eficaz, justa y sostenible. La transición energética se ha consolidado como una prioridad ineludible para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, seguro y competitivo. En este contexto, el despliegue de energías renovables —con especial protagonismo de la solar fotovoltaica, la eólica y los gases renovables como el biometano— es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzar la seguridad del suministro y cumplir con los compromisos climáticos asumidos por España y la Unión Europea.
El informe destaca que España cuenta con uno de los mayores potenciales en energías renovables de Europa, gracias a sus condiciones naturales y a su capacidad industrial y tecnológica. En este sentido, los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marcan una hoja de ruta ambiciosa hacia 2030 y 2050. No obstante, alcanzar estas metas exige un despliegue masivo de infraestructuras energéticas, acompañado de redes, sistemas de almacenamiento y soluciones que aseguren la estabilidad del sistema. Este despliegue, subraya el documento, tiene un impacto directo sobre el territorio y las comunidades locales, especialmente en el ámbito rural, donde se concentran la mayoría de las instalaciones. Si bien las energías renovables generan importantes beneficios económicos, sociales y ambientales —como la creación de empleo, el impulso al desarrollo local y la mejora de la autonomía energética—, también plantean retos ligados al uso del suelo, la protección del paisaje, la biodiversidad y la convivencia con las actividades tradicionales.
Por ello, la aceptación social y la integración territorial se convierten en factores determinantes para el éxito de los proyectos. El informe pone el acento en la responsabilidad compartida de mantener un proceso continuo basado en el diálogo temprano, la transparencia, la escucha activa y la generación de beneficios tangibles para el entorno. La falta de una gestión adecuada del componente social puede derivar en conflictos, retrasos administrativos y judicialización de proyectos estratégicos para la transición energética.
Finalmente, el estudio propone un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones dirigidas a todos los actores, como empresas, administraciones públicas, tejido social y agentes técnicos y económicos. Todas ellas coinciden en un mensaje clave: solo desde la corresponsabilidad, la planificación rigurosa y la colaboración entre todos los actores será posible convertir el despliegue de las energías renovables en una oportunidad real de desarrollo territorial, cohesión social y lucha efectiva contra el cambio climático.
El informe subraya que España cuenta con un extraordinario potencial renovable, pero advierte de que la complejidad administrativa, la judicialización de proyectos y la falta de aceptación social pueden ralentizar el ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Villaseca, presidente de Fundación Naturgy, quien ha destacado que “la transición energética es un desafío colectivo de primer orden que no se puede abordar solo desde una óptica técnica o regulatoria”. Villaseca ha subrayado que “integrar las renovables en el territorio, escuchar a las comunidades locales y generar valor compartido es esencial para garantizar la viabilidad de los proyectos y reforzar la confianza social en la transición”.
