Los proyectos aprobados supondrán la ejecución de un total de 28.123 megavatios (MW). De esa bolsa de proyectos, la inmensa mayoría, 239, son fotovoltaicos, con una potencia asociada de 24.870 MW, casi el 90% del total. Otros 43 son eólicos, con 2.680 MW de potencia asociada. Además hay una central hidroeléctrica de bombeo de 573 MW. Con ello, se podrá construir un 66% de los 428 proyectos que habían iniciado la tramitación. De los proyectos presentados, sólo 321 obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, y en un 70% de los casos estos permisos ambientales han impuesto condiciones de obligado cumplimiento para poder materializarse.
En su comunicado, el gabinete indica que la ejecución de estos más de 28 gigavatios requerirá una inversión de más de 17.000 millones de euros y generará unos 300.000 empleos, reforzando la senda de crecimiento de energía renovable establecida por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El Ministerio destaca que ha otorgado las Autorizaciones Administrativas de Construcción “en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de los permisos, licencias y otras autorizaciones que sean competencia de otras administraciones públicas, como puede ser la licencia urbanística”. Las tramitaciones de los proyectos con más de 50 MW o ubicados en más de una comunidad autónoma son competencia de Ministerio, mientras que los demás parques renovables son una competencia de las comunidades autónomas.
Todos los proyectos que ha autorizado Transición Ecológica pueden empezar a construirse inmediatamente. Deberán entrar en servicio en el plazo de tres años, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del PNIEC, cuyo borrador de actualización 2023-2030 plantea triplicar la potencia fotovoltaica instalada en la actualidad, hasta superar los 76 GW, y duplicar la eólica hasta superar los 62 GW, para cubrir un 81% de la electricidad con energía limpia al final de la década. El Real Decreto Ley 23/2020 establecía un sistema de plazos temporales para que los proyectos de generación de electricidad con derecho de acceso y conexión recibidos entre el 31 de diciembre de 2017 y el 25 de julio de 2020 cumplieran determinados hitos de tramitación, con el objetivo de intentar poner freno a la especulación en el sector.
Estos plazos fueron prorrogándose sucesivamente ante el riesgo de que muchos de esos proyectos no se acabaran ejecutando y los promotores presentaran reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración por la lentitud en el análisis de la avalancha de parques presentados. La última prórroga se concedió el pasado diciembre, cuando un Real Decreto-Ley otorgó un plazo adicional de 6 meses (es decir, hasta 49 meses) para la acreditación del cumplimiento de este hito para las instalaciones de generación que obtuvieran permiso de acceso y conexión entre el 31 de diciembre de 2017 y el pasado 29 de diciembre.