«Yo, como demócrata tengo que cumplir la ley y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Incluso les diría que si no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla, pero es que yo no puedo obviar que vivimos en un Estado democrático, en un Estado constitucional», ha apuntado la ministra en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
«Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado. Es una manera elocuente, de visibilizar que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional», ha recalcado la ministra.
Rodríguez ha asegurado que «le llevan los demonios» tener una palanca como la Ley de Vivienda, «que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler» y que existan situaciones como la de la Comunidad de Madrid, «donde está subiendo el precio del alquiler a dos dígitos».
Rodríguez ha subrayado que la Ley de Vivienda es la que le permite instar a las comunidades autónomas a regular los alojamientos turísticos o de temporada e impulsar la vivienda protegida. «Y después hay una variante que yo tampoco puedo ocultar a la opinión pública y a la ciudadanía y es que construir viviendas, que es el objetivo prioritario, lleva tiempo», ha señalado la ministra.
Rodríguez ha denunciado que durante mucho tiempo «este país no se tomó en serio el derecho a la vivienda». «Tampoco nos tomamos en serio que teníamos un mandato constitucional de desarrollar una ley y hemos tardado 45 años en hacerlo», ha indicado.
La ministra ha insistido en que el derecho a la vivienda «no es un derecho de segunda», sino un derecho consagrado en la Constitución, donde existe un claro reparto competencial «No nos cuestionamos que si nos ponemos enfermos es la comunidad autónoma la que nos atiende en los centros de salud y en los hospitales públicos. ¿Por qué nos cuestionamos que en el marco de las competencias de las comunidades autónomas no seamos atendidos en nuestro derecho a la vivienda? Creo que este es el gran cambio de paradigma que estamos impulsando desde el Ministerio».
Rodríguez ha denunciado que la «gran anomalía» es que en España existe «menos vivienda social que alojamientos turísticos», una dinámica que, según ha resaltado, está intentando revertir el Gobierno. La ministra ha recordado que España fue el primer país en aplicar el reglamento europeo para abordar los alojamientos de corta duración, que ha permitido aflorar 87.000 viviendas turísticas ilegales. «Con 87.000 viviendas turísticas ilegales, que podrían ser viviendas residenciales, estaríamos dando respuesta a esas personas que hoy necesitan del escudo social, que las organizaciones sociales estiman entre 50.000 y 60.000», ha señalado.
«Y por tanto, yo la normativa autonómica y la normativa europea, la implemento y ¿qué sucede cuando llega al ámbito competencial de la comunidad autónoma? Por ejemplo, Andalucía, que es la comunidad autónoma donde más alojamientos turísticos ilegales hemos detectado. Pues en lugar de decir voy a ver qué hago con estos ciudadanos para orientar esas viviendas con carácter residencial, lo que han hecho es recurrir la norma, y han recibido un varapalo por parte de las instituciones europeas porque han de acogerse a la normativa estatal», ha argumentado.
En Madrid, ha dicho, hay 15.000 viviendas turísticas ilegales «que no solamente están dañando el derecho a acceso a la vivienda, sino la convivencia en muchos casos». «Y miran para otro lado, y yo no puedo clausurar esas viviendas porque es competencia del ayuntamiento. Aquí somos muchos los que tenemos que remar en la misma dirección y desde luego que el Gobierno está agotando todas las vías y vamos a seguir agotando», ha asegurado.
En este sentido, ha dicho que se necesita «fortaleza» en algunas normativas europeas y que el Ejecutivo «exprime» todas las nacionales, adoptando medidas como la eliminación de las Golden Visa, que permitían visados de nacionalidad «a cambio de comprarte viviendas de lujo». «Pero claro, yo elimino la Golden Visa y resulta que Ayuso se va a Miami a decirle a los multimillonarios que vengan aquí a comprarse viviendas en Madrid, no por bloques, por manzanas o por barrios. Entonces, los madrileños tienen que saber que quien está coartando ese derecho de acceso a la vivienda, porque no podemos competir con esos multimillonarios, es quien preside la Comunidad de Madrid», ha denunciado.
La ministra ha recordado que, gracias a la Ley de Vivienda, se puede topar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, como en Navarra, que ha logrado recortar el precio un 8,5%. «Eso no pasa en Madrid porque el PP no quiere. Eso no pasa en Andalucía porque el PP no quiere. Eso no está pasando en Zaragoza porque Azcón no quiere», ha criticado la ministra.
Rodríguez cree que esta actitud de los ‘populares’ se debe a un «mero cálculo electoralista». «Porque cuando yo me siento con los consejeros y consejeras del PP y les ofrezco herramientas, 7.000 millones, construir un 40% de vivienda de esos 7.000 millones en vivienda pública y asequible, e incluso proteger la vivienda con carácter permanente, estoy encontrando apoyo, estoy hablando con ellos. Yo aspiro a sacar el Plan Estatal de Vivienda con acuerdo», ha dicho la ministra, que se ha reafirmado en su objetivo de que este plan se apruebe en el Consejo de Ministros dentro del primer trimestre de este año. Para la ministra, hay quien está utilizando la vivienda como parte de la «baraja electoral», cuando en realidad «es la vida de la gente y hay que preservarla por encima de todo».
