El pasado 4 de marzo el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordaba llevar a juicio a Ron, a otros doce directivos, y PwC por presuntos delitos de estafa y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, al tiempo que archivó la causa para Saracho y 20 investigados más.
En un escrito fechado ayer al que ha tenido acceso elEconomista.es, la defensa del Ron denuncia que la actuación de su sucesor al frente del Popular «propició una salida de depósitos y bajada del valor de la acción hasta entonces inédita» y fue «su filtración, directa, burda, y en todo caso falsa», lo «que conllevó la resolución de Banco Popular el 6 de junio de 2017» con «el objetivo» de «ejecutar» la operación corporativa que el propio Saracho ya llevaba pensada al asumir las riendas del banco.
En los diez folios de la diligencia argumenta que la pretensión de Saracho era cerrar la venta del Popular, en vez de darle viabilidad de forma independiente resolviendo sus problemas y que se empleó en ello con actuaciones dirigidas a bajar el valor de la entidad. «Se ha acreditado en fase de instrucción la existencia de una perjudicial política de comunicación, una temeraria gestión de la liquidez y un diálogo con los competidores absolutamente incompatible con la tutela de los intereses sociales de la sociedad administrada, anunciando, ya desde su llegada, la intención de realizar ya en febrero de 2017, nada más llegar al banco, una operación corporativa de venta de la entidad», relata.
En el mismo, la defensa de Ron recuerda las testificales en las que se afirmó que «para el Sr. Saracho la acción del Banco estaba cara y había que bajarla», reza en la diligencia. Esta era, de acuerdo con el citado documento, la «forma de conseguir un precio de venta más bajo que agilizara la operación». Para conseguir estos objetivos, y de acuerdo con el mismo texto, «fue necesario un conjunto de decisiones perjudiciales para la entidad, algunas materializadas por la vía de la filtración de noticias falsas y otras por la mera gestión desleal de momentos claves de la entidad, dirigidas al fin anticipado de realizar la operación corporativa que en febrero ya anunció al Sr. Echenique».
Otro de los puntos claves de esta diligencia pasa por la testifical de Jaime Ruiz Sacristán, exconsejero del banco, que aprecia una serie de «irregularidades sobre el proceso de resolución y la actuación del entonces presidente de Banco Popular, el Sr. Saracho y sus asesores». En dicha intervención se señaló que a los consejeros «se les requirió de forma urgente para aprobar la declaración de inviabilidad de la entidad» el 6 de junio de 2017. Entre las citadas irregularidades, manifestó su «incredulidad» al descubrir que los consejeros que asistieron presencialmente a dicha reunión se les mostró un borrador «previamente confeccionado» de la carta dirigida al BCE en la que se notificaba que Popular estaba en una situación «likely to fail» – en castellano, de quiebra probable-. Así, señala que dicha carta no fue remitida ni antes ni después a los consejeros que asistieron de forma telefónica. Además, señala también que el secretario del consejo no remitió el acta de dicha reunión hasta 20 días después y que la que finalmente recibieron fue «parcial».
Es precisamente este documento, el acta parcial, otro de los focos de este recurso. «No refleja la realidad de los debates, manifestaciones y cuestiones tratadas en la reunión», admite el documento que entrecomilla las palabras del letrado que represento a Sacristán, diciendo que «se incorporan al acta parcial numerosas referencias, manifestaciones, datos e informaciones que no fueron objeto de análisis, debate ni aprobación por parte del consejo». Al mismo tiempo, admitió que esta «no incluye ninguna de las intervenciones y apreciaciones» del propio consejero mexicano «en las que reiteradamente manifestó que el Banco presentaba un problema de liquidez, pero no de solvencia».
Esta diligencia trata de revocar el auto emitido hace unas semanas recordando que «las manifestaciones del acta concluyen que ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el Presidente (…) explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. Consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, es decir, aprobaron un acta, parcial, para señalar la falta de liquidez de la que adolecía el Banco por unas filtraciones de origen desconocido sin que supieran estos que estaban condenando a la entidad a una resolución sin precedentes», apunta.
