Las aerolíneas elevan su reclamación al Gobierno por los impagos de las subvenciones a residentes que adelantan aquellas aerolíneas que operan las rutas que conectan Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con la península y que operan vuelos internos. Según datos de la patronal ALA, a fecha de 15 de marzo Moncloa adeudaba aún 425 millones de euros de 2024 a las compañías y, para más inri, la partida presupuestaria consignada para este 2025 (560 millones consignados en las cuentas públicas de 2023, prorrogadas en 2024 y 2025) prácticamente se ha consumido para afrontar la deuda arrastrada de 2024, cuando además se estima que el gasto de esta partida ascienda a 1.250 millones.
Sobre este asunto, se ha pronunciado Ryanair. Ha sido su portavoz en la Península, Cabrera, quien ha reconocido que el Ejecutivo «no ha brindado todavía una solución» y ha lamentado que «ante la falta de Presupuestos, creemos que esta deuda se va a seguir acumulando en 2025».
Cabrera ha señalado ante los medios que la compañía aúna fuerzas con otras aerolíneas desde ALA en busca de una solución inmediata. Esta patronal que dirige el responsable de easyJet para España, Gándara, ya alertó la semana pasada de que esta deuda se está convirtiendo en una «bola de nieve».
Pero este frente no es el único que mantiene abierto el gigante ‘low cost’ con el Gobierno español. Se cumplen ya dos meses del recorte que la compañía anunció para su programación de verano, que ha dejado descolgadas 800.000 plazas en los aeropuertos regionales, en protesta por la política de incentivos que el gestor Aena dedica a estos aeródromos. Mientras Moncloa sigue en búsqueda de soluciones para cubrir el vacío que dejará la irlandesa, la compañía no da marcha atrás en sus planes. «Seguimos con la programación anunciada (…) lamentablemente, esto es irreversible. Con Aena trabajamos en el día a día, somos su cliente número uno en España y estamos en desacuerdo con respecto a los aeropuertos regionales» explica Cabrera, antes de abrir la puerta a «encontrar una medida intermedia en la cual, no sólo Ryanair sino todas las compañías aéreas, puedan encontrar más interesantes comercialmente ciertos aeropuertos regionales para aumentar esa conectividad».
En paralelo a sus diferencias con Aena, Ryanair también mantiene un pulso con el Ministerio de Consumo por la histórica sanción de 179 millones que planteó para cinco aerolíneas por «prácticas comerciales abusivas con el equipaje de mano». Como principal afectada, con una sanción de 107 millones, la firma irlandesa -al igual que el resto- ha elevado esta pugna a los tribunales. Allí, le ha salido un duro rival; la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN), que se ha personado en defensa de los consumidores y usuarios en los procedimientos judiciales.
