Si hace dos semanas era el grupo español de infraestructuras Acciona el que se apuntaba a la puja de la mano de la contratista belga Deme, ahora son Sacyr y ACS (a través de Dragados) las que se unen en consorcio para concurrir por uno de los grandes proyectos en marcha del país andino. De acuerdo con los pliegos, su desarrollo contempla un plan de inversión público-privada (APP) de 4.450 millones de dólares (algo menos de 3.800 millones de euros al cambio actual).
Lo cierto es que la envergadura de las obras ha extendido el interés del sector más allá de las fronteras chilenas, dando paso a una licitación internacional a la que, en última instancia, también se ha sumado el gigante asiático Grupo China Railway Construction Corporation (CRCC). A inicios de septiembre, la pugna se reducía a tres empresas: la neerlandesa Van Oord, la belga Jan de Nul y la china CHEC. No obstante, la autoridad que orquesta el proyecto, la Empresa Portuaria San Antonio, ha aumentado a siete el número de actores precalificados.
La licitación prevé la adjudicación de un contrato destinado a ejecutar las obras del nuevo molo de abrigo, con una extensión aproximada de cuatro kilómetros, además del dragado necesario para conformar la dársena, el desarrollo de áreas de respaldo y accesos viales, y la aplicación de medidas de mitigación y compensación ambiental. Con esta expansión, el puerto -situado en la costa central de Chile, a unos 100 kilómetros de Santiago- busca elevar su capacidad operativa de las 23,4 millones de toneladas movilizadas en 2024 hasta cerca de 60 millones en 2050, lo que implicará prácticamente triplicar su volumen actual.
El plan de ampliación se estructura en dos etapas. La primera, valorada en 1.500 millones de dólares (unos 1.270 millones de euros), contempla la construcción del rompeolas, el dragado de la dársena y la habilitación de la red vial y ferroviaria. Se prevé que la adjudicación del contrato se concrete durante el primer trimestre de 2026, con una ejecución estimada de diez años. La segunda fase concentrará el resto de la inversión y considera la habilitación de dos frentes de atraque de 1.730 metros cada uno, capaces de recibir buques portacontenedores de última generación, de hasta 400 metros de eslora.
El esquema de financiamiento se desarrollará bajo un modelo de APP, según el cual la Empresa Portuaria San Antonio aportará cerca de 1.950 millones de dólares (1.660 millones de euros), mientras que los 2.500 millones restantes (2.130 millones de euros) provendrán de inversores privados mediante concesiones portuarias que abarcan la construcción, habilitación y posterior operación de los sitios. Aunque se trata de una obra estratégica para el comercio exterior chileno, su tramitación ha enfrentado una fuerte oposición de comunidades locales y observaciones técnicas, centradas principalmente en el posible impacto ambiental sobre las Lagunas Ojos de Mar, un ecosistema de agua dulce situado en la desembocadura del río Maipo.
Por otra parte, este proyecto también refleja la creciente competencia en Chile entre las grandes constructoras españolas y las empresas chinas del sector. En las últimas semanas, compañías como Ferrovial, ACS y Sacyr se han disputado con firmas asiáticas contratos por más de 500 millones en obras relevantes del país, como la concesión de la Ruta Pie de Monte y la ejecución del tramo subterráneo del Tren Alameda-Melipilla.
