El 12 de marzo de 2024, Saiz compareció como secretaria de Estado de Migraciones ante la Comisión del ramo del Congreso de los Diputados, dentro de las habituales intervenciones de los altos cargos ministeriales para esbozar ante las Cortes las que pretenden ser líneas generales de su política. Los grupos parlamentarios que siempre han sido partidarios de regularizar a los inmigrantes que ya están en España le plantearon allí sus propuestas y ella las rechazó entonces.
Según las declaraciones de Saiz, recogidas por Servimedia del Diario de Sesiones de aquella jornada, “no es posible una regularización automática” de inmigrantes. En una respuesta al grupo de Sumar, recalcó tajante: “Nuestro modelo no se basa en soluciones generales, sino en procedimientos individualizados, siempre dentro de la legalidad vigente”. Unas premisas que han quedado totalmente desplazadas por la regularización global de inmigrantes aprobada el martes pasado tras un pacto con Podemos para tratar de recuperar su apoyo parlamentario para el resto de la legislatura.
Precisamente, en contestación a Podemos, el partido que ha conseguido ahora arrancar al PSOE la medida, la entonces secretaria de Estado le espetó que “las regularizaciones extraordinarias y generalizadas no son una herramienta adecuada de política migratoria”. Por ello, sentenció: “No contemplamos ningún tipo de amnistía administrativa”. En cambio, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz adujo que la regularización aprobada ahora “no se trata de una amnistía indiscriminada, sino de un procedimiento ordenado, con criterios objetivos”. Como a Sumar, la hoy ministra y portavoz explicó en 2024 a Podemos: “Nuestro modelo se basa en procedimientos individualizados, como el arraigo, siempre dentro de la legalidad vigente”. Un arraigo cuya importancia como requisito se ha limitado en la orden aprobada el martes a que los beneficiarios puedan acreditar apenas cinco meses de residencia en España.
Saiz concluyó, dentro de su intervención de cierre de aquella comparecencia de marzo de 2024, que “no existe en este momento base jurídica para una regularización general”, y que “España debe actuar dentro del marco jurídico y europeo”. Algo especialmente llamativo, toda vez que el Consejo de Ministros que aprobó el martes tramitar de urgencia la regulación lo hizo por decreto y sin cambiar la base jurídica que, según ella misma hace menos de dos años, no permitía adoptar dicha resolución. El martes la ministra portavoz veía la regularización «plenamente compatible con el marco legal vigente”.
Saiz no ha sido la única entre altos cargos del Gobierno que han cambiado de opinión sobre esta cuestión. Menos de un mes más tarde, en el debate de toma de consideración por el Congreso de la iniciativa legislativa popular para la regularización de inmigrantes, el 9 de abril, la diputada socialista Lucía Garrido, que expuso la posición de su grupo, advirtió a EH Bildu de que el PSOE “no comparte la idea de una regularización masiva e indiscriminada”.
A su vez, al grupo parlamentario de ERC le replicó que “el sistema español no puede basarse en amnistías administrativas”, y que “España debe actuar dentro del marco jurídico europeo y reforzar las vías ordinarias de regularización, no fórmulas generales”. Y el 23 de mayo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contestó también en una interpelación de EH Bildu en la Cámara Baja que “España no puede impulsar una regularización general al margen del marco jurídico europeo”. El Partido Popular ha expresado desde el martes sus dudas de que la regularización cumpla con los requisitos de la UE, y ha pedido a la Comisión Europea que analice la resolución del Gobierno.
Incluso, hace menos de tres meses, el 5 de noviembre de 2025, en su intervención ante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Naciones Unidas, la ya ministra Saiz hacía una clara profesión de fe alejada de regularizaciones inopinadas al afirmar que “España sabe que la migración, cuando es regular, ordenada y segura, es una fuerza transformadora…”.
