Aunque puede hacer algún anuncio de alguna ley o reforma que quiera llevar a cabo esta legislatura, se espera que Saiz informe de las negociaciones entre Gobierno, sindicatos y patronal sobre diferentes asuntos relacionados con las pensiones. De hecho, el mismo lunes por la mañana Saiz reúne a la mesa del diálogo social sobre pensiones. Una de las cuestiones que está sobre la mesa es implicar a las mutuas en el reconocimiento de la incapacidad temporal y así mejorar los tiempos de espera en la atención sanitaria de personas trabajadoras, y la regulación de los coeficientes reductores a establecer en la jubilación anticipada.
Sobre el nuevo papel de las mutuas existen diferencias entre sindicatos y patronal, pues los primeros acusan a la segunda de querer transferir a las mutuas las prestaciones que en la actualidad pertenecen al servicio público de salud. En lo que respecta a los coeficientes reductores, cabe recordar que la reforma de pensiones llevada a cabo por José Luis Escrivá en 2021 recogía una rebaja de la edad mínima para jubilarse en actividades penosas, peligrosas o insalubres.
Pero esta rebaja necesita de un desarrollo normativo que el departamento de Elma Saiz está negociando en el marco del diálogo social. La idea es que la norma que regule esa rebaja de la edad de jubilación incluya estudios sobre la siniestralidad y la peligrosidad en el sector, así como factores de penosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo.
Tras haberse reunido en varias ocasiones, los sindicatos han confirmado que en lo relativo a la peligrosidad hay bastante acuerdo, pero no tanto en lo que se refiere a criterios para reconocer la penosidad de un trabajo, que hace referencia al desarrollo de un actividad que supone un constante esfuerzo físico y mental por presencia de ambientes insalubres. UGT acusó al Gobierno de querer aplicar coeficientes reductores a profesionales principalmente masculinas y no a otras como los cuidados de personas dependientes, que la mayoría de ocasiones son desempeñados por mujeres.
Saiz también dará cuenta en el Congreso del gasto en pensiones, que registra un nuevo récord cada mes por su revalorización conforme al IPC. En marzo, por ejemplo, la Seguridad Social destinó 12.693,1 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que el mismo mes de 2023. Asimismo, ofrecerá información sobre el estado de del Fondo de Reserva, conocido coloquialmente como ‘hucha de las pensiones’ y que el Gobierno tiene intención de llenar con 25.000 millones de euros al final de la legislatura, a razón de 5.000 millones anuales, gracias a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
