El anuncio llega en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo y la patronal, después de que el presidente de la CEOE, Garamendi, se negara a participar en la mesa de negociación sobre la reforma del despido, lo que Díaz calificó como «una actitud propia de la extrema derecha».
En una entrevista en TVE, la líder de Sumar adelantó que el Gobierno no solo prevé un incremento relevante del SMI, sino también una revisión del marco legal que regula su aplicación, con el objetivo de «eliminar los obstáculos que hoy entorpecen el incremento» y evitar que las empresas absorban las subidas a través de otros complementos salariales
Este último punto constituye el matiz más relevante del anuncio, pues supone un cambio estructural en la forma en que el salario mínimo impacta en la retribución real de los trabajadores.
Desde que asumió la cartera de Trabajo, el SMI se ha incrementado un 54% —de los 735 euros en 2018 a 1.134 euros mensuales en 2025—, siguiendo la hoja de ruta de situarlo en el 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Díaz reconoció que esto no era una cuestión ideológica, sino de cumplimiento normativo, dando a entender que incluso un Gobierno del Partido Popular estaría obligado a implementar esta reforma, dictada por las instituciones comunitarias.
Sin embargo, la titular de Trabajo introdujo un matiz clave: la reforma de la norma que regula el SMI. Según Díaz, muchos trabajadores no llegan a beneficiarse plenamente de las subidas porque algunos convenios colectivos permiten la absorción de complementos salariales. Esto implica que, aunque el salario mínimo suba, el sueldo final no cambia en la práctica para determinados empleados.
Por ello, el Gobierno planea «blindar la subida del SMI» frente a esas prácticas, modificando el texto legal para impedir que los incrementos sean compensados con otros pluses.
El anuncio se produce en paralelo a un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la patronal. Garamendi, presidente de la CEOE, ha rechazado asistir a la mesa de diálogo social sobre la reforma del despido, alegando que «la premisa principal no es cierta», es decir, que dicha reforma fuera otra obligación derivada del derecho europeo. Díaz afirmó que España no cumple actualmente con la Carta Social Europea, ya que la indemnización por despido «se fija de antemano» sin atender a circunstancias personales como la edad, el género o la antigüedad del trabajador. Según la sentencia europea que motiva la reforma, el sistema español vulnera el principio de proporcionalidad y debe ser corregido.
«El despido es libre [en España] y casi gratis», afirmó Díaz, reconociendo que la aplicación del nuevo marco podría elevar los costes del despido, aunque insistió en que no se trata de una subida directa impuesta por ley, sino de un ajuste en la valoración judicial de cada caso.
La subida del SMI para 2026 —aún sin cuantificar oficialmente— se enmarca en una coyuntura económica de crecimiento moderado y desaceleración inflacionaria, lo que, a juicio del Ministerio, ofrece margen suficiente para seguir impulsando los salarios más bajos sin poner en riesgo la competitividad empresarial.
En paralelo al debate sobre la indemnización por despido, el Ministerio de Trabajo ha iniciado una nueva línea de acción normativa con un anteproyecto que busca declarar nulos los despidos que se produzcan como represalia contra trabajadores que denuncien irregularidades o casos de corrupción en sus empresas.
El anuncio fue realizado por Díaz en el Senado, donde defendió que «vamos a hacer desde el Ministerio de Trabajo una reforma integral del despido para evitar las represalias ante denuncias de corrupción». La iniciativa amplía la Ley 2/2023 de Protección del Informante, que actualmente prohíbe este tipo de despidos, pero no establece expresamente su nulidad, es decir, la obligación de readmitir al empleado despedido.
El anteproyecto —actualmente en consulta pública hasta el 30 de octubre— plantea modificar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para reforzar la protección del denunciante. Con esta reforma, si un juez concluye que el despido fue una represalia, la empresa deberá readmitir al trabajador y pagar los salarios de tramitación, en lugar de limitarse a una indemnización económica. Según el Ministerio, el vacío actual genera una «protección desigual» entre el sector público —donde los despidos de represalia ya son nulos— y el sector privado, donde suelen considerarse improcedentes.
