Se trata de la causa investigada por el presunto cobro de comisiones millonarias por la venta de mascarillas en la pandemia a distintas Administraciones Públicas dirigidas por el PSOE y que tiene su epicentro en el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Ábalos.
Sánchez se vanaglorió de haber actuado nada más trascender el escándalo, pero existen fundadas sospechas de que conocía los hechos desde mucho tiempo antes y no hizo nada: destituyó a Ábalos sin dar explicaciones, le rescató luego como diputado y no consta que hiciera caso alguno a las denuncias sobre la trama presentadas por escrito en la mismísima Moncloa.
Así, el abogado Grau aseguró el pasado mes de febrero que mandó seis escritos a La Moncloa alertando sobre la presunta trama de en los que intentaba avisar a Presidencia de que la empresa Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los contratos millonarios, «no tenía ninguna actividad» y que en 2019 había «facturado cero euros» y pese a ello había convertido en el «proveedor exclusivo» del Ministerio de Transportes. Pero jamás obtuvo respuesta.
Las fechas son importantes porque demostrarían que Sánchez pudo haber conocido ya en 2020 el posible caso de corrupción, cuando recibió esas denuncias escritas y selladas en la sede de la Presidencia, y no hizo nada. Al contrario, nada se movió hasta finales de febrero de 2023, y solo después de la actuación de la Guardia Civil saldada con la detención del fiel escudero de Ábalos, en su día custodio de los avales de Sánchez en las Primarias del PSOE, y de otros miembros de la trama.
Por ello, que Moncloa resulte obligada a desvelar si tales cartas se hallan en algún cajón de Moncloa podría ser una prueba evidente de que Sánchez conocía la trama y que no hizo nada al respecto, hasta que todo saltó por los aires con la llamada Operación Delorme, que supuso la detención de 20 personas acusadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, entre ellas la mano derecha del que fuera todopoderoso ministro de Sánchez.
Sánchez pudo conocer la trama de Koldo dos años antes de que actuara la Guardia Civil y en ese tiempo se mantuvo Ábalos de diputado en su grupo
Precisamente ahora, el pasado 10 de julio, el Consejo de Transparencia ha emitido la resolución 785/2024, que obra en poder de El Debate, en el que obliga a Presidencia a facilitar a este periódico «los escritos remitidos por el abogado Ramiro Grau a Presidencia del Gobierno alertando al Presidente del Gobierno de la trama de corrupción llevada a cabo por el exasesor del Ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia».
Pero aquí no acaba el tema, porque Moncloa deberá igualmente hacer entrega de «cualquier otro documento conteniendo otra información denunciando los hechos actualmente investigados con relación a la trama Koldo Aguirre y José Luis Ábalos», según recoge el fallo de la resolución. Así, Presidencia del Gobierno tendrá que facilitar todo tipo de documento que tenga en su poder al respecto, sea de la naturaleza que sea, lo que incluiría cualquier informe del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil o de la Policía, o incluso los elaborados para la fiscalización de los contratos.
Estos documentos servirán para arrojar luz sobre el momento exacto en el que Pedro Sánchez estuvo al corriente del caso y comprobar cuáles fueron sus decisiones al respecto, ayudando también a entender si el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes obedeció únicamente a razones políticas o si detrás de él se escondía el miedo del presidente a que todo saltase por los aires.
Sin embargo, Moncloa ha hecho todo lo posible para esconder el asunto, ya que ha querido pronunciarse por escrito sobre uno de los casos de corrupción que acechan al Gobierno. De hecho, no envió la documentación solicitada en tiempo y forma, al tiempo que ignoró todos los requerimientos del CTBG, algo habitual por otro lado. Según declaraciones de los abogados que han llevado la defensa jurídica de este asunto ante Presidencia del Gobierno, «no es la primera vez, ni creemos que será la última, donde por desgracia el Gobierno desobedece las resoluciones firmes que no le favorecen. Ya hay varios miembros del Gobierno demandados en los tribunales por ello»,.
