El jefe del Ejecutivo ensalzó, en una declaración institucional ante los medios, la imagen de todos los presidentes autonómicos, a excepción del mandatario de Melilla que por «problemas personales» se ausentó de la cita. Sánchez agradeció a todos los gobiernos autonómicos su presencia y la organización de esta cita celebrada en el Palacio de la Magdalena, en Santander, «un lugar que simboliza esa pluralidad ideológica y también rigor científico».
El presidente reivindicó el «acierto» de la creación del Estado autonómico en un cónclave en el que se debatirá sobre vivienda, inmigración, financiación autonómica y la falta de profesionales sanitarios en los distintos territorios y del que el presidente espera «debate» y que todo «se pueda materializar en grandes acuerdos» a posteriori.
Sánchez reivindicó «el acierto» que supuso «la democratización de nuestro país, en este mes de diciembre que celebramos el aniversario de nuestra Constitución» y añadió que este éxito estaba unido «al reconocimiento de la diversidad territorial y ha traído cosas buenas como solidaridad, desarrollo económico y respuestas antes desafíos inimaginables desde el punto de vista de la eficacia y la equidad». Unas palabras, según desveló, dijo en su discurso de apertura en privado ante el rey Felipe VI y los presidentes territoriales.
Asimismo, recordó que la primera Conferencia de Presidentes se celebró en 2004 en el Senado y aseguró que «uno de los grandes aciertos es ser conscientes de que si queremos que la ciudadanía perciba a la Administración del Estado como próxima, es importante que salga de Madrid y se acerque a cada uno de los territorios». El presidente continuó diciendo que, por ello y durante estos seis años en su mandato, el Gobierno la ha llevado a otros territorios «con el ánimo de aproximarla». «Hoy hemos dado un paso más», aseguró.
Pero tras estas palabras La tensión ha escalado nada más iniciarse “institucionales” se esconde la realidad de una reunión tensa en la que por ejemplo, establecer un calendario de avances en busca de un futuro acuerdo, se ha topado con los reproches que volaban de uno a otro lado de la mesa que reunía a los presidentes autonómicos. El catalán, Illa, se ha enzarzado en una discusión con varios de los barones populares -entre ellos Díaz Ayuso o Juanma Moreno- con acusaciones cruzadas sobre «falta de solidaridad fiscal y territorial». «No aceptaré lecciones de solidaridad de aquellos que practican la insolidaridad fiscal», dijo el catalán. «Pido que no se nos siga subiendo impuestos y llamándonos ricos, diciéndonos que van a meter la mano en la caja de Madrid para repartir no sé qué», respondió la presidenta madrileña.
Moncloa quiere empezar a desatascar la reforma del sistema pactando la quita de la deuda generalizada que las CCAA mantienen con el FLA, y que fue anunciada hace un año a raíz del acuerdo firmado con ERC a cambio de la investidura de Sánchez en noviembre del año pasado. Hacienda convocará en enero un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para poner sobre la mesa una regla proporcional, que permita a los líderes autonómicos acceder a mejores condiciones de financiación en los mercados. El PP presionará para incluir el debate sobre la reforma de financiación en ese encuentro. «Creo honestamente posible alcanzar un acuerdo de mínimos si se vuelve a la senda del respeto constitucional», dijo la presidenta cántabra, Sáenz de Buruaga. Al encuentro, le seguirán otros «multilaterales y bilaterales», en los que Montero tratará de allanar el camino a un pacto ofreciendo a las regiones más recursos de los que reciben hoy. El presidente murciano, López Miras, ha pedido que «en el plazo de un año haya una propuesta cerrada de un nuevo modelo de financiación». Page redujo el plazo a los tres meses.
Más allá, poco saldrá del encuentro. Los barones populares cumplieron con la directriz trasladada por la número dos popular, Gamarra, y exigieron en bloque la retirada del concierto catalán. Algo, que Moncloa rechaza. La presidencia de la Generalitat de Illa se sustenta sobre ese compromiso con ERC. Dar marcha atrás no solo rompería el Ejecutivo catalán, sino que haría estallar las negociaciones que los de Sánchez mantienen con los republicanos catalanes en torno al proyecto de Presupuestos que el Gobierno pretende aprobar a lo largo del primer trimestre de 2025.
En el limbo queda –no obstante- el fondo de nivelación que llevan años reclaman las cuatro autonomías infrafinanciadas: Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. También la petición que el presidente castellanomanchego ha vuelto a trasladar al jefe del Ejecutivo. Page demanda una armonización fiscal que ponga coto al dumping fiscal que sufre por la política tributaria de Madrid. La propuesta, lleva en el despacho de Sánchez desde el pasado 5 de octubre.
No estaba previsto ningún avance en materia de financiación autonómica. El fracaso de la reunión se intuía antes –incluso- de su inicio. El Partido Popular llevaba días advirtiendo de que los suyos acudirían a la cita para hacer un «frente común» contra el Gobierno. «Lamento que vengan con esa actitud», dijo a primera hora de la mañana el ministro de Política Territorial, Torres. De hecho, fueron los barones socialistas -el asturiano Bardón y García-Page- los que trataron de rescatar el debate y alejarlo de la disputa política para buscar puntos de encuentro que abrieran la puerta a un entendimiento. Sin embargo, la batalla que enreda a Génova y Moncloa acabó desdibujando la sesión. De poco sirvió.
Si se han producido tímidos acercamientos en vivienda. Algunos barones del PP se saltaron la consigna de Génova y aplaudieron parte del plan expuesto por el Gobierno para destensar el mercado inmobiliario. Uno de ellos, el gallego Rueda, apoyó la creación de la empresa pública de vivienda anunciada hace días por el jefe del Ejecutivo en el Congreso Federal del PSOE. El consenso acabó con el debate en torno a la Ley de Vivienda. Los líderes territoriales del PP han pedido la derogación de la norma que trata de topar los precios del alquiler a través de la declaración de zona tensionada, y que solo Cataluña ha abrazado.
Sánchez propuso construir un pacto para blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible, y apoyar la reforma de la Ley del Suelo, que sigue atascada en el registro del Congreso de los Diputados. El PP tiene su propia norma, y sus presidentes autonómicos se abrazan a la proposición de ley que los de Feijóo registraron hace semanas en el Senado. Una enmienda a la totalidad a la norma de Moncloa, que reclama derogarla, liberar suelo público, eliminar burocracia para agilizar la construcción de obra nueva y combatir con mano dura a la ocupación ilegal. También apostar por los incentivos fiscales, como una deducción por alquiler y la supresión del IVA en la compra de la primera vivienda. «En los seis años que lleva Sánchez, no se ha construido ni una sola vivienda pública», ha reprochado la madrileña, Díaz Ayuso.
El presidente canario, Clavijo acudía con documento bajo el brazo, pero con pocas expectativas de sacarlo adelante. «Me da la sensación de que vamos a asistir a un nuevo episodio de enfrentamiento, crispación y ejercicio estéril», dijo Clavijo a las puertas del Palacio de La Magdalena. La propuesta canaria también cuenta con la firma del gobierno vasco, en el que también participan los socialistas. El Gobierno asume el texto como un punto de partida con el que reestablecer un pacto migratorio, pero reclama a las CCAA del PP que establezcan un criterio común que evite un nuevo fracaso. Los líderes del PP más afectados por las oleadas de inmigrantes se limitaron a reclamar más fondos al Estado, para hacer frente a la presión que sufren en sus costas.
Solo el incremento de la financiación para Sanidad parece haber hallado cierto encaje. El reparto de 223 millones «extraordinarios» para financiar «nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial» propuesto por el Gobierno, contó con el aval autonómico; también el compromiso del Estado de aumentar los fondos para contratar a nuevos profesionales sanitarios. Se trata de una fórmula similar a la empleada hace semanas por el ministerio de Ciencia para fortalecer la plantilla de las universidades. El Gobierno movilizará recursos con el compromiso de que las CCAA contribuyan a cofinanciar las nuevas incorporaciones.
Por su parte. el presidente de la Generalitat valenciana, Mazón, ha solicitado al Gobierno «un modelo de gestión ante emergencias» que contemple, entre otras acciones, nuevas tecnologías para el control y seguimiento de pacientes, riesgos epidemiológicos y de salud mental, además de exigir más profesionales sanitarios
