Sánchez llegó a Doñana con el respaldo de una respuesta parlamentaria de la Comisión Europea, en la que reconoce que está «al corriente» de la proposición de ley que está tramitándose en el Parlamento andaluz y que ya ha recabado «explicaciones» a las autoridades españoles. El Ejecutivo comunitario ha advertido, subraya la misiva —dirigida a los eurodiputados socialistas españoles Luena y López—, de que si la iniciativa «se aprueba en los términos anunciados» por PP y Vox, la propuesta legislativa «podría infringir el Derecho de la UE aplicable en materia de medio ambiente». Y en tal caso, la Comisión estudiaría, como guardiana de los Tratados, «el uso de todos los medios a su alcance» para velar por que España cumpla «de manera efectiva» la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021, que condenó al país por no proteger correctamente el humedal.
Con esos precedentes, el presidente, solo tenía que hacer hincapié en que el posicionamiento de Bruselas es «rotundo» y «tajante«, y deja las cosas «meridianamente claras»: la proposición de ley de PP y Vox «contraviene la legalidad europea». «Hago un llamamiento a la reflexión y a la rectificación, a abandonar posturas soberbias y a volver al camino de la legalidad europea, al respeto al medio ambiente y a la concienciación que, día sí y día también, la ciencia nos está advirtiendo de los efectos de la emergencia climática, sobre todo en ecosistemas tan frágiles como el Parque Nacional de Doñana», apeló. Sánchez alegó que si tanto la comunidad científica, la Comisión y el Gobierno están lanzando advertencias de ilegalidad, si se suman la «alarma» de la ciencia, y si lo dice también el «sentido común», «no hay ninguna razón para no abandonar esa postura soberbia y volver a la legalidad europea y frenar este atropello».
No cabe otra cosa, para Sánchez, que la Junta «cumpla con la ley», y no es «aceptable» que «este intento de atropello de PP y Vox tenga como resultado una multa que vamos a tener que pagar todos los españoles». Pero al coste económico, siguió, se suma una factura «inasumible en términos medioambientales y de biodiversidad».
Mientras desde Madrid, en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta tercera, Ribera, señaló que no hay ninguna «conspiración» contra Juanma Moreno, sino la «tozuda realidad».
La contestación desde el PP la ha encabezado Feijóo, quien desde el mismo Huelva, ha afrimado que «no es coherente» ir «en Falcon a defender Doñana» por que se defiende «haciendo infraestructuras».
Asimismo, recordó que Moreno lleva exigiendo desde hace tiempo una reunión para hablar del problema del agua y Sánchez «no se ha sentado» en ningún momento. La Junta también activó hace meses los planes antisequía ante el inverno y primavera más secos desde que hay mediciones, pero el Gobierno central no reunió la mesa con los sectores afectados (ganaderos y agricultores) hasta este miércoles.
En definitiva, Feijóo acusó a los socialistas de incumplir la ley de 2018 para el abastecimiento de Huelva y el regadío de las fresas y los frutos rojos, a 30 kilómetros de Doñana, lo que intenta paliar la ley puesta en marcha por la Junta, según los populares. Y ante esta situación, el líder del PP se comprometió, en caso de llegar al Gobierno, a «ejecutar por declaración de emergencia todas las obras comprometidas con Huelva, el condado de Huelva y preservar Doñana del ataque de desidia del Gobierno». También a impulsar un pacto de Estado del agua.
