La suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España se aplicará a ciertas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), con el objetivo de proteger determinados sectores estratégicos ante posibles riesgos de seguridad u orden público. Esta medida es complementaria al Real Decreto de Inversiones Extranjeras en España de julio de 2023 que regula el procedimiento de control de inversiones. Se trata de una medida que deja en manos del Ejecutivo la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
El régimen se aplica a las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Además, este régimen transitorio incluye las inversiones realizadas por residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la UE y de la AELC. La titularidad real se define como la posesión o control directo o indirecto de un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o el ejercicio de control por otros medios.
Entre las operaciones más recientes, el Gobierno se ha servido de este mecanismo de blindaje para autorizar el desembarco del operador saudí STC en el capital de Telefónica -donde controla un 9,97% entre acciones y derivados- y para vetar el 27 de agosto de 2024 la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por la húngara Magyar Vagon sobre Talgo, al considerar que «conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público».
En 2020, en plena pandemia por la Covid-19, el Ejecutivo puso en marcha este blindaje con el fin de proteger a las consideradas empresas estratégicas tras el castigo en Bolsa que estaban recibiendo entonces. Tras esto, el Gobierno ha ido extendiendo su vigencia.
Entre marzo de 2020 y finales de 2023, el Gobierno tan solo aplicó el ‘escudo antiopas’ en 2022 para desautorizar una operación de las 264 que se sometieron en dicho periodo al escrutinio de esta normativa. Una de las opciones que contempla la normativa es la autorización de las operaciones con la aplicación de medidas de mitigación de riesgos, un procedimiento similar al que utiliza la Comisión Europea con la imposición de ‘remedies’ (condiciones) para dar su visto bueno a algunas transacciones como, por ejemplo, el caso de la fusión de Orange y MásMóvil en España, fruto de la cual nació MásOrange.
No obstante, la gran mayoría de las operaciones de inversión extranjera en empresas estratégicas entre 2020 y 2023 se aprobó sin la aplicación de ningún tipo de medida de mitigación de riesgos.
En concreto, en 2020 solo una de las operaciones tuvo que aplicar medidas de este tipo (3,6% del total), en 2021 fueron seis (11%), en 2022 se implementaron en nueve ocasiones (11%) y en 2023 en ocho casos (8%). Los informes de la Secretaría General de Inversiones Exteriores -dependiente del Ministerio de Economía- recogen el país de origen del inversor último en las operaciones sometidas al escrutinio del ‘escudo antiopas’ y, si bien Estados Unidos ha sido el principal interesado en todos los años desde que está vigente la normativa, se observa una caída del apetito de los inversores procedentes de China y un mantenimiento del interés de los inversores de Emiratos Árabes Unidos.
En cualquier caso, desde el Gobierno defienden que la actual regulación española sobre control de inversiones extranjeras guarda un marco flexible y equilibrado que permite que España siga siendo un país atractivo para la inversión extranjera directa, al mismo tiempo se salvaguarden los intereses estratégicos del país.
