En este sentido, recordaron que la «brecha fiscal» de España con Unión Europea es de 4 puntos de PIB y ahí lo dejaron. Como a buen entendedor, pocas palabras bastan, el aviso a navegantes , aunque algo camuflado, quedó bastante claro: todavía tenemos margen para subir los impuestos hasta 60.000 millones de euros (el equivalente a los 4 puntos de PIB), así que prepárense para un nuevo «hachazo».
Estas manifestaciones se producen a pocos días de que Ejecutivo envíe a Bruselas el Plan Fiscal Estructural (tiene de plazo hasta el próximo miércoles, aunque, previsiblemente, se retrasará), un documento en el que los países exponen cómo articularán las reglas fiscales que quedaron suspendidas como consecuencia de la pandemia, que se retomarán en 2025, y que compromete a los estados miembros a tener unas finanzas públicas saneadas y no sobrepasar el 3% del PIB de déficit ni el 60% en el caso de la deuda. Un verdadero encaje de bolillos si se tiene en cuenta que la deuda pública española asciende, según los últimos datos del Banco de España, al 105% del PIB (1,6 billones de euros). Por su parte, el déficit se ha reducido hasta el 3,6%, algo que, no obstante, tal y como apuntan los expertos, se ha visto favorecido por el efecto de la inflación en los ingresos y en el PIB nominal porque el sector público continúa aumentando el gasto.
Para cumplir con Bruselas, el Gobierno tiene dos opciones: o adelgazar considerablemente el gasto o aumentar ingresos. Teniendo en cuenta la deriva del Ejecutivo y las declaraciones del propio Sánchez, que aseguró que no habrá recortes, la contención es bastante improbable, por lo que los contribuyentes deben estar listos para que el Gobierno avive aún más el fuego en el infierno fiscal en que se ha convertido el sistema tributario español. Entre 2019 y 2023, España había logrado rebajar la «brecha fiscal» con la UE en cuatro puntos, pero la revisión al alza del Producto Interior Bruto realizada por el INE por el efecto del aumento de la población ha rebajado el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB, por lo que el «hueco» se ha vuelto a abrir y, aunque sea a golpe de estadística, ha dado al Gobierno una nueva argumentación para incrementar de nuevo los tributos. Sin embargo, Montero hizo referencia a la presión sin tener en cuenta el verdadero termómetro del grado de «ahogamiento» fiscal de los contribuyentes, que no es otro que el esfuerzo fiscal, un indicador que ofrece una radiografía mucho más real de la situación, ya que tiene en cuenta la renta de los ciudadanos. En este caso, la realidad es bien distinta a la expuesta en el Congreso: no hay brecha fiscal con la UE, sino que el esfuerzo fiscal en España es casi un 18% superior a la media de la Unión Europea.
Por tanto, una subida de hasta 60.000 millones de euros parece bastante inasumible si se tienen en cuenta todos los incrementos efectuados desde que Sánchez es inquilino de La Moncloa. Entre 2019 y 2024, se ha acometido 81 ajustes tributarios, que ha esquilmado el bolsillo de los españoles en 41.000 millones de euros. De las mismas, 62 son subidas tributarias propiamente dichas, con un coste de 9.600 millones, y las 19 restantes corresponden a incrementos de cotizaciones sociales, que afectan tanto a las empresas como a los trabajadores, que han supuesto una recaudación adicional de 26.100 millones. Además, el hecho de que se hayan ajustado los impuestos a la inflación ha costado otros 27.100 millones, según las estimaciones de Funcas y del Banco de España.
Así, el Gobierno ha subido en seis ocasiones la base mínima y en cuatro la máxima de las cotizaciones sociales y ha incrementado todos los años la cuota de los autónomos, a lo que se une otras tres alzas por cambios normativos, al eliminar una deducción por baja siniestralidad e introducir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la Cuota de Solidaridad. Tras estos incrementos, las cotizaciones a la Seguridad Social por parte del empleador suponen el 29,9% del salario bruto, frente al 21% de media de la UE o el 16,3% de la OCDE.
Asimismo, se han producido seis subidas del IRPF, que se concretan en dos alzas de tipos del impuesto, dos del ahorro y otras dos reducciones de los límites a las aportaciones a los planes de pensiones. De esta manera, la «cuña fiscal», la diferencia entre lo que cuesta un trabajador a su empleador y lo que realmente percibe, se ha elevado hasta el 59,5% para los asalariados sujetos al tipo máximo de IRPF, lo que sitúa al país muy por encima de la media de la OCDE, que se encuentra en el 47%. Esto implica que una gran parte de los costes laborales se destinan a impuestos y contribuciones sociales, reduciendo el salario neto de los empleados.
Las empresas han sido, sin duda, las grandes damnificadas por la política Sánchez y Montero. El Ejecutivo ha efectuada cuatro incrementos del Impuesto de Sociedades, ha reducido la exención de dividendos y plusvalías; ha limitado la deducibilidad de los gastos financieros; ha establecido un tipo mínimo del 15% y ha bajado al 50% la compensación por pérdidas anteriores. También ha realizado 35 subidas de impuestos patrimoniales a través de la revisión del valor catastral, que ha subido cinco de los seis años, y que ha afectado a tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el del Transmisiones Patrimoniales (ITP), el de Actos Jurídicos Documentado (AJF), Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y la Plusvalía Municipal. A ello se une el aumento del IVA a las bebidas azucaradas, las primas de seguros, Socimis, matriculaciones, gases fluorados e hidrocarburos. Se ha añadido una subida adicional para patrimonios de más de 10 millones de euros y se han creado nueve impuestos nuevos: las tasas Google y Tobin, el canon digital y el hidroeléctrico, así como los impuestos a los residuos, los plásticos de un solo uso, el temporal de Solidaridad a la Grandes Fortunas, a las entidades financieras y a las energéticas.
En resumen, Sánchez ha subido los impuestos todos los años. En total, 81 incrementos,
