Sea como sea, lo que sí está claro es que harán falta coaliciones para gobernar, y eso podría complicar la situación económica de España. Según Scope Ratings, las «complejas políticas de coalición ponen en peligro la consolidación fiscal por la ralentización crecimiento y el aumento del gasto». Así lo apuntan Jakob Suwalski y Brian Marly, analistas del sector soberano y público de Scope Ratings, en un artículo dado a conocer por la firma, en el que analizan el impacto económico que los resultados de estos comicios pueden tener para el país, sobre todo ante un escenario de complicados movimientos de coalición posteriores.
«Las próximas elecciones generales podrían complicar los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a los retos estructurales del elevado desempleo y los importantes déficits fiscales, al añadir más incertidumbre al panorama político del país, muy fragmentado y polarizado», comentan. Dado que es probable que ningún partido obtenga una mayoría suficiente para gobernar en solitario, la formación de coaliciones es ahora «más importante y más difícil, como demostró el estancamiento político de 2016». Y es que, remarcan, incluso si un partido logra formar un gobierno en minoría con el apoyo de partidos más pequeños, para aprobar leyes y llevar a cabo su programa político «podría tener que hacer concesiones importantes y enfrentarse a desafíos legislativos». En opinión de los expertos de Scope, «unas negociaciones tan delicadas para conseguir el apoyo a las políticas propuestas pueden diluirlas y ralentizar su aplicación, mientras que los elevados déficits presupuestarios y la deuda en relación con el PIB limitarán el margen de maniobra de un nuevo Gobierno para aplicar más estímulos fiscales».
Bajo su punto de vista, es «imprescindible» que España aplique una «política fiscal decidida y coherente». «Las presiones sobre los presupuestos sociales y sanitarios, debidas al envejecimiento de la población y a las pensiones indexadas a la inflación, exigen calibrar cuidadosamente los planes de gasto», comentan de cara a la formación de un nuevo Ejecutivo, recordando que la utilización de la parte que corresponde a España de los fondos Próxima Generación de la UE (NGEU) «requiere un consenso sobre reformas e inversiones sostenibles en materia medioambiental y social» que podría ser complicado conseguir.
Además, Suwalski y Marly destacan que las elecciones llegan en medio de un entorno económico difícil, ante el endurecimiento de las condiciones financieras y la elevada inflación subyacente, que a su juicio «están siendo un lastre para el crecimiento a medio plazo, al igual que los persistentes desafíos a largo plazo, entre ellos el escaso aumento de la productividad laboral en España». Aunque la inflación general ha disminuido de forma significativa, «esperamos que vuelva a subir en el segundo semestre del año debido a factores como la desaparición de los efectos de base, el aumento de los precios del petróleo y la suspensión de ciertas medidas gubernamentales», remarcan estos expertos. De hecho, en Scope esperan una tasa media de inflación del 3,4% para 2023 y del 2,8% para 2024.
No obstante, comentan desde la firma, «la economía se beneficia del crecimiento continuado de la próspera industria turística y del aumento de la inversión del sector público». Y la absorción de los fondos NGEU «contribuirá a mantener el poder adquisitivo de los consumidores».
