En efecto, una de las ramificaciones del caso Filesa, investigada por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid será enjuiciada, en los próximos meses, tras más de 30 años de averiguaciones y pesquisas que comprometen a cerca a una decena de dirigentes socialistas y varios empresarios próximos a este desde 1991. De hecho, el fundador de Viajes Halcón y Air Europa, recientemente comprometida en el escándalo de las mascarillas del caso Koldo, Hidalgo, llegó a declarar como imputado, aunque las pesquisas terminaron por archivarse para él por un defecto formal en la lectura de sus derechos fundamentales. El detalle cobra especial valor en pleno escándalo del caso PSOE, por los presuntos contactos mantenidos entre la mujer de Sánchez, y Javier Hidalgo, previos al rescate de la aerolínea durante la pandemia.
Ahora, tras admitir el Supremo, en 2022, un recurso del Partido Popular personado como acusación para la reapertura de la causa iniciada en 1991 –y anulada la prescripción decretada por la Audiencia Provincial– se abre la posibilidad, cada vez más próxima, de que los investigados se sienten ante un tribunal. Las partes ya han presentado los correspondientes escritos instando nuevas diligencias y la propuesta de fecha para el arranque del juicio oral. Sobre la mesa, el presunto desvío de 42,2 millones de euros de subvenciones públicas del Ministerio de Asuntos Sociales, entonces dirigido por la socialista Matilde Fernández, para los viajes del Imserso –al entramado de sociedades pantalla Filesa, Malesa y Timesport– parte de los cuales contribuyeron a rellenar la Caja B del PSOE.
De acuerdo con la querella inicial, el modus operandi de la organización consistió en alterar las partidas de fondos públicos destinadas a bonificar los desplazamientos y estancias hoteleras incluidas los programas de vacaciones diseñados para la tercera edad –dependientes del director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales y militante del PSOE y UGT, Ángel Rodríguez Castedo– en el bienio comprendido de 1988 a 1990.
Los responsables de la trama aumentaban, supuestamente, el número total de viajeros en cada destino para dirigir el 40% de los fondos aprobados, del exceso no real, a varias empresas instrumentales, entre ellas Filesa y Malesa. Según la sentencia firme dictada por el Supremo en la causa principal, en el año 1997, gracias a este método, Ferraz llegó a engrosar la Caja B del partido en cerca de 6 millones de euros.
El resto de los fondos de los contratos adjudicados a Viajes Ceres, por valor de unos 42,2 millones de euros, fueron presuntamente malversados hasta vaciarla. El pastel se descubrió en 1990, tras la quiebra de la compañía pública de autobuses Enatcar, más tarde absorbida por Alsa, y declarado el concurso de acreedores dirigido también contra la agencia, en suspensión de pagos para «encubrir» su situación real, por los pagos pendientes. De hecho fue Enatcar la que presentó la primera querella contra los administradores de Ceres a los que, ahora, tres décadas más tarde, la Justicia sentará en el banquillo.
«Nos encontramos, sin duda, en aquellos llamados negocios jurídicos criminalizados que han de resolverse tras el conocimiento de los negocios simulados que han constituido la actividad engañosa tendente a conseguir el desplazamiento patrimonial», sostiene el abogado del Partido Popular, Juan Ramón Montero. No en vano, las actuaciones delictivas que dieron lugar a la admisión de la querella inicial contra Viajes Ceres S.A., no resultaron imputables de manera aislada a la misma y a sus representantes legales, sino que se realizaron «en connivencia o cooperación con otras mercantiles», como Filesa, que resultaron directamente conectadas con la financiación irregular del PSOE.
Es ésta última derivada de la trama Filesa, la agencia turística Viajes Ceres, la que abordará el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, previsiblemente, antes de final de año por varios delitos de malversación, estafa y alzamiento de bienes que afecta, entre otros querellados, a los entonces nueve miembros del Consejo de Administración de la sociedad del que, al menos durante 1989, formó parte Carlos Rodríguez Bono, primo del ex presidente de Castilla La Mancha, y ex ministro de Defensa, José Bono.
Más allá de la financiación ilegal del PSOE, buena parte del dinero público desaparecido de las cuentas de Ceres estaría relacionado con otras mercantiles radicadas en los paraísos fiscales de Luxemburgo e islas Jersey. De hecho, cabe recordar cómo uno de los artífices del entramado de empresas turísticas salpicado por las irregularidades en la financiación del PSOE fue Juan Bautista Calatayud quien, a través de una firma holandesa, percibió cerca de 40 millones de euros en comisiones de la Expo’92 de Sevilla.
