El Senado pondrá en marcha otra investigación parlamentaria, paralela a la del ‘caso Koldo’, que se ha convertido en un cajón del sastre donde caben todos los escándalos judiciales que salpican al PSOE, al Gobierno y al entorno de Sánchez. Todos, menos los rescates de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, convertida por el «sanchismo» en una «caja negra al servicio de la corrupción».
Así lo ha recalcado este lunes la portavoz del PP en la Cámara Alta, García, en una rueda de prensa que ha comenzado con un recordatorio: «Nunca en democracia un presidente del Gobierno ha estado tan rodeado de corrupción, imputaciones y escándalos judiciales» como el actual. «Su entorno familiar directo imputado y procesado, su partido investigado por financiación ilegal; sus números dos entrando en prisión por comisiones y mordidas, su círculo más próximo señalado por corrupción, abuso de poder y acoso sexual». Haciendo valer el peso de su mayoría absoluta, el PP abre en el Senado una segunda línea de investigación centrada únicamente en los rescates públicos. Un puente por el que se llega hasta Venezuela. «El dinero de todos los españoles», ha señalado hoy García, «pudo servir para pagar favores a dictaduras como la de Maduro con rescates a empresas como Plus Ultra», aerolínea venezolana cuyo directivo Julio Martínez fue detenido hace semanas.
El PP incide en que la SEPI -su anterior presidente, Vicente Fernández, está imputado por amañar contratos- «no es una empresa cualquiera». Se trata de un «instrumento estratégico del Estado» que gestiona empresas clave de «energía, defensa, transporte, telecomunicaciones y administra miles de millones de euros de dinero público». A través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en la pandemia para salvar empresas viables, se han concedido más de 2.691 millones a 28 empresas.
Una cantidad en la que el PP ve la «gravedad» del caso porque, de ese montante, «más de un tercio» -es decir, casi 1.000 millones de euros- «está bajo investigación judicial». En alusión a rescates como el de Air Europa, con 475 millones; Ávoris, con 320 millones; Tubos Reunidos, con 112 millones; y Plus Ultra, con 53 millones. «Empresas rescatadas con dinero de todos los españoles y hoy bajo sospecha judicial».
Además, ha subrayado García en su intervención, «la gestión de la SEPI ha provocado un deterioro histórico del grupo público», con unas pérdidas económicas que «se han duplicado desde que llegó Sánchez» al poder. Cuestión aparte es que se ha convertido en «una agencia de colocación del PSOE». Para muestra, el currículum de personas como Leire Díez, supuesta fontanera del partido, en empresas como Correos o Enusa. Lo mollar, sin embargo, es que la SEPI se sitúa hoy «en el centro de una trama corrupta bajo investigación judicial». Una trama que, ha relatado la portavoz popular, «afecta a contratos y ayudas públicas, y que gira en torno a altos cargos y personas vinculadas al PSOE». En la actualidad un juez «investiga prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal».
En la diana: María Jesús Montero, máxima responsable del ente público. «Ha convertido la SEPI en un pozo sin fondo para el despilfarro y la corrupción». Y los hechos, ha añadido Alicia García, son los siguientes: «Colocó al frente de la SEPI a Vicente Fernández, hoy imputado e incluso fue detenido. Fue recolocado en la empresa de Cerdán, Servinabar. Se concedieron rescates millonarios a empresas como Air Europa o Plus Ultra».
Por tanto, y a raíz de los registros que llevó a cabo la UCO en las sedes de ministerios, organismos públicos y empresas estatales por orden judicial; el PP da un paso más y el próximo 15 de enero forzará un Pleno monográfico para las comparecencias de dos vicepresidentas: la primera, Montero, y la segunda, Aagesen.
La portavoz popular ha definido a Montero como «el perejil de todas las salsas de corrupción del PSOE». Y ha enumerado: «La consejera de los ERE, la jefa de Cerdán, la jefa de Ábalos, la amiga de Paco Salazar, y la responsable de la caja negra de la SEPI». Sobre Aagesen, ha señalado su implicación «por participar en adjudicaciones sospechosas», caso de la trama de los hidrocarburos «que pudo beneficiar a la dictadura de Maduro»
