«No invertir condena un país a su empobrecimiento gradual, y eso es algo que Europa y España, como parte fundamental de la Unión, deben evitar». Así de contundente se ha expresado Julián Núñez, presidente de Seopan. El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, ha destacado la importancia que tiene la inversión pública en infraestructuras, ya que «constituye la palanca estratégica para impulsar nuestra competitividad, desarrollo económico y bienestar social».
Por eso considera que «tenemos el desafío de acometer nuevas inversiones que sobrepasen holgadamente el umbral inversor actual, y para conseguir tal objetivo irrenunciable es preciso actuar en tres palancas: regulación, financiación y colaboración público-privada». España, según el presidente de Seopan, registra la mayor pérdida de representatividad de la inversión pública en el PIB, de 2,2 puntos porcentuales y según un reciente informe realizado por la organización, se ha «identificado una necesidad de inversión en infraestructuras durante la próxima década superior a 300.000 millones de euros».
Concretamente, se han identificado 157.000 millones de euros de infraestructuras planificadas en el ámbito del transporte, agua y energía, y adicionalmente otros 114.000 millones de euros de inversión de modernización y adaptación de las infraestructuras existentes. Con respecto a la regulación, Núñez cree que «es preciso modernizar y adecuar nuestro marco normativo, que tiene su origen en la década de los años 60, habiendo sido reformado sucesivas veces hasta la ley de contratos vigente del año 2017, por transposición de las directivas de 2014, actualmente en proceso de evaluación y modificación, pero con un reglamento, el actual, de 2001, y hace nada menos que 24 años».
En este sentido, destaca que están «realizando una propuesta de reforma acotada y modernización de la Ley de Contratos para adaptarla con una mayor eficiencia, eficacia, transparencia, con nuevos modelos de contratación colaborativos y para resolver cuestiones que penalizan el mayor problema que tenemos, que es el cumplimiento de plazos y presupuestos de la obra civil». Se trata de «algo crítico si queremos responder a tiempo a los desafíos que tenemos por delante» ha recalcado Núñez.
En cuanto a la financiación, Núñez asegura que «es una de las principales amenazas de la inversión pública, ello debido a las restricciones cada vez mayores que tenemos derivadas del crecimiento y previsiones de nuestro gasto público en protección social, salud y educación, y a la que debemos añadir el nuevo compromiso de la Unión Europea en materia de gasto público en defensa».
«Admitiendo la dificultad de diseñar mecanismos de financiación alternativos para las redes ferroviarias de transporte público, que necesariamente deberán seguir teniendo financiación pública presupuestaria, tenemos no obstante que consensuar un modelo sostenible de financiación tanto para las infraestructuras viarias como las del ciclo interno del agua, armonizado con la Unión Europea». Esto es algo que «a todas luces requiere un ineludible acuerdo de Estado entre las principales formaciones políticas. Seguir dilatando en el tiempo tal decisión solo contribuirá a un deterioro irreversible de nuestro patrimonio viario y a nuevas sanciones de la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva Marco», advierte el directivo.
En este sentido, Núñez concreta que «en España la infraestructura portuaria y aeroportuaria se autofinancia íntegramente mediante tasas que se repercuten a sus usuarios y que representan anualmente más de 3.000 millones de euros. Por otro lado, la infraestructura ferroviaria se autofinancia parcialmente, mediante cánones a los usuarios que representan actualmente 1.000 millones de euros».
Por el contrario, la infraestructura viaria de gran capacidad, que soporta el 86% y el 96% de nuestra movilidad interior de pasajeros y mercancías, se autofinancia muy parcialmente, mediante peajes a los usuarios, en apenas el 13% de nuestra red viaria. «Ello en contraposición con el modelo vigente de la Unión Europea, donde 19 estados lo aplican en el 100% de sus redes y cuatro por encima del 74%», detalla Núñez.
Así, le presidente de Seopan destaca que «habiendo transcurrido una década desde la aprobación de la Ley de Desindexación y ocho años desde la publicación de su decreto de desarrollo, nuestro país no puede seguir renunciando al modelo de concesión de infraestructura por las barreras regulatorias introducidas hace una década, que lejos de atraer la financiación privada la desincentivan y obstaculizan, hasta el punto de que en 2023, según la Oficina Nacional de Evaluación, el modelo de concesión en España representó el 1,83% de la contratación pública nacional, frente al 12% de la contratación media de la UE registrado entre 2016 y 2021»
