El colectivo que preside Núñez ha planteado esta mañana la necesidad de recuperar ritmos de inversión de unos 2.000 millones al año, cifra media entre 2008 y 2015 que contrasta con los 211 millones presupuestados por el Ministerio de Transición Ecológica si se excluyen las partidas respaldadas por fondos europeos.
Seopan ha subrayado el compromiso español de ejecutar proyectos bajo titularidad estatal por más de 7.700 millones en el ciclo hidrológico 2021-2027. La de una mayor aportación pública a infraestructuras de gestión del ciclo del agua, abarcando desde la recogida hasta el tratamiento, abastecimiento y riego, lleva años siendo una de las reivindicaciones centrales de Seopan, que ha dirigido informes al Gobierno con múltiples iniciativas para que el país cumpla con las exigencias de la Unión Europea en cuanto a la calidad de las aguas.
Otros mensajes lanzados esta mañana por la asociación de constructoras son el de la urgencia de la recuperación de la revisión de precios en los contratos públicos y la necesidad de cambios normativos para incentivar la colaboración público-privada en la inversión en infraestructuras. Respecto al primer asunto, Seopan se suma a la reivindicación de un incremento del actual 20% sobre el precio de los contratos a un 30% como límite de la revisión de precios excepcional. Como hizo ayer otra de las asociaciones del sector, Anci, se pide que los costes de la mano de obra sean revisables a lo largo del periodo de ejecución de los proyectos, y que esta fórmula alcance también a los contratos de servicios.
La construcción busca que el Gobierno incorpore en los pliegos de licitación mecanismos automáticos de estabilización de precios relacionados con los materiales esenciales, los costes energéticos o la carga laboral. La fórmula de revisión de precios fue obligatoria durante décadas, hasta la modificación de la Ley de Contratos en la crisis financiera. Y la revisión del texto legal por la Ley 11/2023 tampoco hizo imperativa la inclusión de esta figura que evita la quiebra de los proyectos ante subidas inesperadas de la inflación.
En cuanto al impulso de la colaboración público-privada, Seopan propone que se modifique la fórmula de determinación del plazo de los contratos de concesión, modificando la tasa de descuento del Real Decreto 55/2017, de desarrollo de la Ley de Desindexación. Esta, defienden las constructoras, debe referenciarse a la tasa de mercado, obtenida mediante consulta preliminar con financiadores, concesionarias, etcétera, y publicando una guía técnica con la matriz de transferencia razonable de riesgos operativos.
Un último apartado de sugerencias de Seopan tiene que ver con el reparto y ejecución de los fondos que vienen de la UE. El grupo que integra a ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr y OHLA, entre otras, recalca que hay que poner en marcha la línea de préstamos financieros de la Adenda del fondo de Resiliencia Autonómico gestionado por el BEI y dotado con 20.000 millones de euros para la promoción de infraestructuras sostenibles de su titularidad; hidráulicas del tercer ciclo hidrológico 2021/2027, que representan 12.000 millones, y de transporte público (metro y tranvía) que representan más de 8.000 millones. Otras prioridades expuestas en este terreno son la ampliación del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del vehículo eléctrico y conectado y del PERTE Naval. Sobre el primero, se demanda una línea de financiación para la construcción y enganche a la red de una infraestructura de recarga pública interurbana en vías de gran capacidad (13.674 kilómetros) y convencionales (51.948 kilómetros), titularidad del Estado y Comunidades Autónomas. El número de postes del que habla Seopan es de 10.710, de recarga ultrarrápida (de 350 kW), en 1.585 electrolineras. La inversión sería de 3.766 millones. La oferta de las constructoras es poner un 40% de la inversión, por un 60% de dinero público.
Y para el PERTE Naval, Seopan sugiere la habilitación de una línea de financiación pública de hasta 1.000 millones para la ordenación y acondicionamiento de la superficie portuaria, con más de 20 hectáreas por puerto, al tiempo que se crearían nuevas infraestructuras de abrigo en puertos de interés general para el desarrollo industrial de la prefabricación de cimentaciones flotantes asociadas a la energía eólica marina offshore.
