Además, esta organización empresarial ha criticado que hasta un 20,5% de los procesos quedan desiertos y 2,2% de los contratos sin realizar. Todo ello, a pesar de que el sistema concesional se ha reactivado mínimamente durante 2023. El presidente de Seopan, Núñez, ha apuntado que el sistema concesional continúa siendo residual en España.
Por otro lado, la inflación sigue condicionando la obra pública. En este sentido, Seopan insiste en que la inflación sigue condicionando la ejecución de obra pública y limitando su concurrencia, siendo preciso restablecer en los pliegos la revisión de precios, suprimida en 2015, así como eliminar el límite revisable del 20 % del precio del contrato, que en 2023/2024 ha implicado 471 millones de costes soportados no revisables en obras del Estado.
Durante 2023, la patronal ha apuntado que los precios de los materiales de construcción y de la energía han seguido en niveles muy superiores a los de hace tres años con subidas del 43 %, 41 % y 37 %, respectivamente, para el cemento, cobre y acero corrugado y del 207 % y 134 % para el gas y la electricidad.
En este contexto, Seopan ha remitido a las instituciones una propuesta de modelo colaborativo de coste objetivo para su implementación en contratos piloto que, según sostiene, favorece el reparto de riesgos y responsabilidades; la compartición de ahorros y costes entre el sector público y privado; el cumplimiento de plazos y del presupuesto, así como la reducción de la litigiosidad. De cara a este año, anticipa una drástica reducción de las licitaciones de obra pública tras la finalización del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que ha representado el 13,4 % de la licitación de obra civil entre 2021 y 2023. Las proyecciones de la Comisión Europea para 2024/2025 sitúan a España en la última posición del ranking inversor de la UE ampliando la brecha con respecto a los principales competidores europeos, ya que Alemania, Francia e Italia van a invertir un 65,4 %; 62,5 % y 42,7 %, respectivamente, más que España en este periodo.
Con relación a la adenda financiera del plan de recuperación, y en concreto al Fondo de Resiliencia Autonómico dotado con 20.000 millones, ve necesario prorrogar al menos 2 años el hito de ejecución para posibilitar la financiación de infraestructuras sostenibles de transporte público y de agua de titularidad de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Por otro lado, recalca la necesidad de incorporar en varios Perte la creación de infraestructura pública. En 2023 la licitación pública de obras sumó 28.161 millones (-0,1 %) mientras que la contratación pública de obras creció un 15,6 % hasta 19.525 millones. Seopan ha recordado que las necesidades de inversión pública en España siguen creciendo, con un mínimo de 240.000 millones de aquí a 2030 en áreas relacionadas con la movilidad de viajeros y mercancías (112.000 millones), agua y medioambiente (64.000 millones) e infraestructura energética asociada a redes, obra civil y eficiencia energética (54.000 millones). Además ha calculado que ejecutar en plazo las inversiones del Plan Hidrológico 2022-2027 requeriría triplicar hasta 2027 la licitación pública actual de infraestructuras del agua, de 2.750 a 8.100 millones de euros al año.
