Tan es así que los catedráticos autores del informe, hacen hincapié en la necesidad de que las autoridades europeas impulsen de forma urgente una política industrial más ambiciosa basada en una mayor apuesta por la innovación. Un nuevo marco regulatorio armonizado que, según el documento, debería ofrecer mayores incentivos a los consumidores, incrementar el apoyo público a los planes de producción e innovación de la cadena de valor y articular ayudas efectivas para mitigar el impacto laboral y social que tendrá esta transición energética.
• El Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política propone incrementar los incentivos a los consumidores, ofrecer un apoyo más decidido a la innovación e impulsar las ayudas públicas para mitigar el impacto laboral de esta transición energética
• Avisa que, hasta ahora, no ha existido una política industrial ambiciosa y de alcance comunitario por la extensión de las redes de carga y la producción de baterías, lo que ha supuesto un obstáculo para la transformación de la industria
• Afirma que las autoridades europeas establecieron exigencias medioambientales a las empresas automovilísticas sin tener en cuenta las reducidas bases tecnológicas y productivas que existían para impulsar la transición hacia el vehículo eléctrico
• La fragmentación regulatoria ha generado tasas de penetración del vehículo eléctrico muy dispares en Europa. Mientras en Países Bajos esta tasa alcanza el 39%, en España apenas representa el 6%
• europeG reconoce la competencia desleal de china, pero aboga por evitar los aranceles y alcanzar pactos con el gigante asiático para facilitar que sus empresas trasladen cada vez más fases de la producción a Europa y transfieran de esta forma parte de su tecnología a los fabricantes comunitarios
El documento toma como punto de partida el diagnóstico realizado por el Informe Draghi, que afirma que “el sector del automóvil es un ejemplo clave de la falta de planificación de la Unión Europea, así como de aplicar una política climática sin política industrial». europeG constata esta afirmación al asegurar que las autoridades europeas “han establecido exigencias medioambientales a las empresas automovilísticas sin una adecuada concertación con ellas y poco coherentes con el objetivo de la rápida transición hacia el vehículo eléctrico que parecían buscar, habida cuenta de las reducidas bases tecnológicas y productivas con las que se contaba para realizarla”. La realidad es que no ha habido, destaca el análisis, una apuesta decidida y de alcance comunitario por la extensión de las redes de carga y la producción de baterías, así como por la innovación en todas las partes de la cadena de valor del vehículo eléctrico. Un “obstáculo fundamental” para lograr la transformación completa de la industria al que se ha sumado la fragmentación regulatoria, que ha provocado que cada país haya avanzado a su propio ritmo y la tasa de penetración de los vehículos eléctricos sea actualmente muy dispar en Europa. Por ejemplo, Países Bajos cuenta con más de 857 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes y una ratio de penetración del vehículo eléctrico del 39%. Por contra, España e Italia cuentan con menos de 75 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes y cuentan con tasas de penetración del 6 y el 8%, respectivamente.
