«No tiraré la toalla. Vamos a continuar». Y añadió que pondrá en marcha un Plan Estatal contra la Corrupción junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sánchez comenzó su comparecencia en el Congreso de los Diputados pidiendo de nuevo perdón a su partido, a los grupos parlamentarios y a la ciudadanía por «confiar en Ábalos y en Cerdán», en alusión a sus dos exsecretario de Organización investigados por cobrar presuntas comisiones por la adjudicación de obras en la causa que investiga la Justicia en el marco de la ‘Operación Delorme’.
El presidente admitió que no dio credibilidad a las informaciones que aparecían en los medios sobre las corruptelas de su último ‘número tres’ en el partido. «Es evidente que me equivoqué», reiteró, y añadió: «Fue un duro golpe para mí».
Sin embargo, aseguró que no va a «tirar la toalla». «Aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura, pero les digo que yo voy a estar a la altura y cumpliré con los compromisos que tengo con ellos».Sánchez recalcó: «Soy un político limpio. Desconocía las corruptelas en las que pudieran estar inmersos. En estos casos es más difícil no creer que creer, que haya dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo. Y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar».
Sánchez propuso como principal medida contra la corrupción un Plan Estatal contra la Corrupción que ha sido elaborado durante el último mes, según anunció, junto con la OCDE y también con las aportaciones realizadas por los grupos parlamentarios con los que el presidente se reunió. Este plan se compone de 15 medidas explicadas en cinco ejes.
Sánchez anunció que el primer punto se centra en la prevención de riesgos y en el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción. En este apartado se encuentran la puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones claves en la prevención, en la supervisión y en la persecución de prácticas corruptas. El presidente añadió que los técnicos de la OCDE «nos recomiendan crear esta agencia que deberá coordinar de forma independiente la lucha contra la corrupción y que será encargada de liderar los esfuerzos en esta materia».
Al mismo tiempo, se extenderá la metodología aplicada a la adjudicación de los fondos Next Generation, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia a toda la Administración del Estado, señaló y añadió que se crearán «mapas de riesgo, de integridad, usar el análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos de contratación, también las subvenciones o la propia gestión presupuestaria» y para ello se introducirán aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para «automatizar, optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude», afirmó.
El segundo eje pone el foco en garantizar la protección efectiva de las personas que informan sobre irregularidades y/o casos de corrupción. España ha avanzado significativamente con la aprobación de la Ley 2/2023 y la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, «pero es necesario mejorarla, reforzando una mayor protección de los denunciantes e incluyendo mejores canales de alerta, con un régimen sancionador para quien incumpla», señaló.
El tercer eje busca una respuesta eficaz ante los casos de corrupción ya detectados. Se reforzarán las capacidades la Fiscalía y del Poder Judicial para investigar, juzgar y castigar la corrupción mediante secciones especializadas en cada tribunal de instancia y más plazas y medios en la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía llevará la instrucción penal, con mayor autonomía y transparencia, se establecerán mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras, se potenciará la limitación de contratar a empresas corruptoras (blacklisting), se exigirán mecanismos de compliance y se modificará el Código Penal con más penas y nuevos delitos contra la Administración.
Y el cuarto eje aborda la recuperación de los activos procedentes de actividades corruptas como elemento esencial para reparar el perjuicio causado al interés público. Se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se creará el decomiso administrativo y preventivo. Además del castigo penal, deberán devolverse los fondos ilícitamente obtenidos. Por último, el quinto eje aborda la promoción de la cultura anticorrupción entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones mediante formación, campañas sociales y encuestas sobre percepción de la corrupción. «Es imprescindible que la cultura de la prevención y lucha contra la corrupción impregne a la sociedad en su conjunto y ayude a identificar y denunciar este tipo de prácticas», añadió. Todas las medidas se seguirán desde un nuevo organismo centralizador para la prevención y lucha contra la corrupción, que ejercerá funciones de coordinación, impulso y supervisión del conjunto.
El presidente aseguró que «por esto voy a continuar porque tenemos un gran proyecto de país en el que confían millones de personas, no podemos abandonar la corrupción y la zafiedad de unos pocos a los que les dio igual jugarse lo que nunca fue suyo: la dignidad del Gobierno y el presente y futuro de España». Así, aseguró que «en España la corrupción no es sistémica, es mucho menor que en el pasado, pero sigue existiendo y causa un grave daño a las instituciones, al tejido productivo, y a la ciudadanía».
«Hemos avanzado mucho pero es obvio que no es suficiente, y como presidente del Gobierno, tengo la mayor responsabilidad en todo ello, y la voy a asumir. Voy a afrontar el problema de la corrupción y lo vamos a superar, como hemos hecho con otras muchas crisis que hemos tenido que afrontar y gestionar», señaló.
El jefe del Ejecutivo destacó que «la corrupción no puede tener cabida en ningún lado del tablero, pero mucho menos entre progresistas por ilegal y por ser radicalmente incompatible con los valores que defendemos: la igualdad, la justicia social, y el valor de lo público. Y si algo define también a los progresistas es que no nos escondemos ante los problemas: damos respuesta, ofrecemos soluciones y los superamos».
Terminó su discurso asumiendo su responsabilidad y afrontando «con determinación y humildad el reto de mejorar los mecanismos de nuestras instituciones para evitar, perseguir y castigar la corrupción».
