La primera de ellas consistiría en que Talgo controlase la totalidad del capital de Tarvia Mantenimiento Ferroviario S.A., la compañía encargada de realizar el mantenimiento de los trenes Avril que componen la serie 106 de Renfe.
El origen de esta sociedad se retrotrae al momento en que se firma el contrato de adquisición de estos trenes, al objeto de aprovechar las sinergias entre el fabricante y mantenedor de trenes, y la división de talleres de Renfe (ahora Renfe Ingeniería y Mantenimiento). En consecuencia, el capital de esta sociedad —fundada finalmente en 2021— está repartido en un 51% para Talgo y un 49% para Renfe, pero el único cliente actual de Tarvia es la propia operadora pública. Y además, lo seguirá siendo en el futuro, dado que también se encargará de conservar los trenes de la futura serie 107, actualmente en fabricación.
Tarvia ha estado muy de actualidad en el último año dadas las múltiples incidencias en los trenes de la serie 106, hasta el punto de que Renfe, pese a ser minoritario, llegó a intervenir en el control de la sociedad para exigir la implantación de tres turnos de trabajo que permitieran solventar las constantes averías de las unidades que acababan de salir de fábrica.
Así pues, la adquisición por Talgo de su participada permitiría aumentar la entrada de ingresos recurrentes procedentes del negocio de mantenimiento, una inyección económica que Talgo cifraba en 900 millones de euros durante los 30 años de contrato estipulados, y que motivan este intento por hacerse con la totalidad del capital. De hecho, de los más de 4.000 millones de cartera que reporta Talgo, en torno al 50%, unos 2.000 millones, corresponden a servicios de mantenimiento.
La segunda de las peticiones remitidas a Transportes pasaría por la retirada de las sanciones interpuestas o pendientes de imponer por Renfe, valoradas en torno a 200 millones de euros. Los primeros 116 millones, el equivalente al 20% del contrato de compra de los trenes Avril, fueron notificados a Talgo en diciembre, por lo que están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público y su retirada parece improbable. Renfe y Transportes también amenazaron con imponer más sanciones. Una de ellas estaba valorada en 50 millones y la justificaba por el lucro cesante correspondiente a los dos años de demora en la entrega de los trenes. A esta se suma una multa menor, de otros 880.000 euros, anunciada por el ministro Puente, al sobrepasar en once días la fecha máxima otorgada para efectuar el traspaso de las unidades. Ambas todavía están pendientes de formalizar ante el juzgado, pero podrían no llegar nunca al entrar dentro del criterio de responsabilidad civil.
Por último, Jainaga también habría exigido al Gobierno que ponga en marcha nuevas licitaciones de trenes de alta velocidad para poder aumentar la actividad de fabricación de Talgo, que lleva dos años sin firmar ningún pedido nuevo (el último, el de Egipto, fue acordado en 2022). Aunque su cartera de pedidos supera los 4.000 millones, la parte vinculada a fabricación tiene que entregarse en los próximos cinco años, extendiendo la incertidumbre de la compañía también al largo plazo.
De momento, Iryo, Ouigo y la alianza de Alsa y EcoRail miran atentos al desempeño de los Avril para una posible adquisición futura; mientras el Gobierno vasco tampoco descarta operar a través de Euskotren su propio AVE regional, una vez esté en funcionamiento la línea que una Bilbao, Vitoria y San Sebastián.
