En total, se ha pasado de 2.450.035 millones en 2024 a 6.271.324 millones. No es la sección que más créditos extra tiene a esa fecha (le superan Economía e Inclusión), según los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), pero es llamativo el aumento en un ministerio que, hasta ahora, era de los menos gastadores del Gobierno. En 2024 representaba el 0,88% del PIB y un año antes, el 0,92%.
Todo cambió con el compromiso del Ejecutivo la primavera pasada de destinar, de manera efectiva y no solo sobre el papel, el 2% del PIB español en defensa en este ejercicio. Desde entonces, este gasto no ha hecho más que crecer, aunque ya lo estaba haciendo poco a poco.
Los créditos extra se están llevando a cabo sin control parlamentario. El hecho de que las Cuentas públicas estén prorrogadas, por lo que las vigentes son las de 2023, provoca que el Parlamento tenga poco o nulo conocimiento sobre las modificaciones de crédito. Estas llegan con retraso al Congreso o directamente no llegan, que es lo más frecuente según fuentes parlamentarias. Por ello los expertos económicos declaran que es necesario contar con la principal ley, la de Presupuestos, «para que haya transparencia, control y enmiendas. Con las modificaciones de crédito esto no se da».
Las modificaciones de crédito tienen diversas formas. Los créditos extraordinarios sirven para aumentar los que no están contemplados en el presupuesto inicial. Por su parte, los suplementos de crédito se usan para aumentar los ya existentes, así como las ampliaciones. Las transferencias permiten pasar dinero de una partida a otra y las incorporaciones son el uso de lo no gastado en el ejercicio anterior. Por último, existe la generación de nuevos créditos que no estaban consignados en las cuentas públicas originales. Así se está ejecutando en Defensa. El Ministerio en sí cuenta con su presupuesto, el aprobado en 2022 para 2023, como el resto de secciones ministeriales. Este cubre, fundamentalmente, el funcionamiento de los tres ejércitos (Tierra, Armada y Aire), organismos autónomos como el INTA, el Instituto de la Vivienda y el ISFAS y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Además, realiza inversiones en modernización y adquisición de equipos y material militar.
Sin embargo, lo cierto es que, desde que el presidente del Gobierno se comprometió con la OTAN a invertir el 2% del PIB en gasto militar, por debajo del 5% exigido por la organización, el Ministerio de Defensa no deja de recibir dinero. A finales de junio, el Gobierno aprobó uno de los acuerdos más caros, por importe de más de 900 millones de euros, para el mantenimiento de la capacidad de observación de la Tierra por satélite en el espectro Radar. Evidentemente, con fines militares. Pero los acuerdos autorizados de gasto para el Ministerio se suceden a partir de septiembre. Este mes, se aprueba el acuerdo, por 40 millones, para el mantenimiento de fragatas, buques y patrulleros en servicio o la construcción del NATO Cyber Range para el mando conjunto del ciberespacio en la base de Retamares (Madrid), conocida como el Pentágono español, por 17 millones. Asimismo, se firma la orden de ejecución para el diseño y la construcción de dos Buques de Acción Marítima (BAM), por un valor estimado de 716 millones;
En octubre sube el coste de las autorizaciones y la importancia de los contratos, tendencia que se incrementa de manera progresiva en el mes de noviembre. Se da el visto bueno, por ejemplo, al suministro de vehículos de exploración y reconocimiento terrestre, así como a la adquisición de helicóptero ligeros H135 por un valor estimado de 237 millones y al suministro del Sistema de Armas de Nueva Generación del Programa Sistema Integral Aéreo de Última Generación, por un valor de 540 millones. También se permite la compra a Estados Unidos de material para los aviones F-18 del Ejército del Aire y del Espacio y se autoriza el suministro de vehículos lanzapuentes sobre ruedas para el Ejército de Tierra por 315 millones.
Cuantiosas son la modernización y adquisición de centros de operaciones de artillería antiaérea semiautomáticos del Ejército de Tierra y la Armada (más de 1.686 millones) y el suministro de vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina (más de 306 millones). El Sistema de Artillería Autopropulsada de Cadenas va a costar 4.516 millones de euros y el suministro de un Sistema de Artillería de ruedas, 2.219 millones. Además, se ha dado luz verde a numerosos acuerdos marco para fijar las condiciones de adjudicación de futuros contratos.
Con toda probabilidad, el cierre de 2025 verá subir la cantidad destinada a créditos extra en Defensa
