Los contratos sin publicidad son uno de los procedimientos más opacos de la Administración Pública, pues hay un número reducido de empresas y se trata directamente con ellas las condiciones del contrato. Ahora bien, no solo se ha elevado la partida presupuestaria, sino también el número de expedientes a dedo que se aprueban. Así, en el último trimestre del 2023 fueron 4.209 contratos, un 36% más que en 2019.
Las licitaciones con publicidad también han crecido a nivel presupuestario. Aunque en este caso ha sido menor y solo han aumentado un 10,6%, hasta tener un gasto de 730,1 millones en el cuarto trimestre del año pasado. No obstante, y según siempre los datos de OIReScon, el número de expedientes ha disminuido de 187 en el cuarto trimestre de 2019 hasta solo 75 en el mismo periodo del 2023.
En total, el gasto en contratos públicos tanto con publicidad como sin ella se ha duplicado desde la primera legislatura de Sánchez. Este ha pasado de los 3.400 millones en el último trimestre de 2019 a tener un presupuesto de 6.065 millones en la misma etapa de 2023. Una tendencia similar han seguido los expedientes que se han situado en 4.284 en el último trimestre de 2023. Poniendo el foco solo en el último año. El gasto en contratos públicos ha ido en aumento y se ha multiplicado por tres desde el primer trimestre de 2023 (1.924 millones) hasta cierre de año, cuando el presupuesto ascendía a 6.065 millones.
Si se desglosan los datos por sectores, las empresas públicas a nivel estatal se llevan la mayor partida presupuestaria. En las licitaciones negociadas sin publicidad han recibido 4.453 millones —el 83% del paquete total— y en los contratos con publicidad, 690,6 millones. Le siguen de cerca las autonomías, que reciben una partida total de 659,7 millones entre los contratos con publicidad y sin ella. Ahora bien, a pesar de que la cifra es menor que a nivel estatal, OIReScon lleva advirtiendo de esta situación desde 2019. En su último informe, y que fue remitido a la Comisión Europea, se alertaba de la «abrumadora presencia de la contratación menor, atendiendo al número de expedientes en términos absolutos». En su momento, Hacienda advirtió que la falta de control, los procedimientos de adjudicación erróneos, la incorrecta aplicación presupuestaria y la adjudicación directa generan, además, inseguridad jurídica. Desde OIReScon resaltan que las cuestiones que más incertidumbre están ocasionando son «las relacionadas con la fase de ejecución y cumplimiento del contrato», ya que no hay información al respecto. En general, no es fácil acceder a los expedientes de contratación y tampoco hay un patrón de uniformidad para los datos, siendo los formatos distintos, lo que impide llevar un control exacto de los contratos menores que han repartido las comunidades autónomas.
No obstante, el OIReScon no ha sido el único organismo que se ha hecho eco de este problema. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha advertido, asimismo, que es necesario «integrar las compras y adquisiciones de una entidad con los fines y objetivos de ésta». Y la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) añade «la necesidad del refuerzo de la fase preparatoria de los expedientes de contratación, así como del seguimiento de la ejecución del contrato».
Pero las irregularidades no están solo en los contratos menores, sino también en los de emergencia, una herramienta que creció a raíz de la pandemia. Solo durante el año 2020 se formalizaron un total de 22.379 contratos de este tipo y el problema es que carecen de los controles previos, lo que ha derivado en dificultades a la hora de verificar los datos. «En los contratos de emergencia como consecuencia del Covid-19, se han identificado una serie de publicaciones con anomalías o confusión de conceptos que no permite identificar de forma adecuada la publicación individualizada de cada contrato y la información que debe constar en el correspondiente anuncio», declara ahora el organismo OIReScon.
