Después de varios meses de espera, Comisiones y UGT han desvelado por fin su propuesta para reformar la normativa que regula el despido en España. La propuesta es, en líneas generales, una vuelta al marco legal vigente antes de la reforma laboral de Rajoy, que las organizaciones sindicales consideran ilegítima al no haberse sometido al diálogo social. Los dos grandes sindicatos del país han presentado este martes un documento que han dado en llamar Plataforma Sindical Unitaria, con cuatro grandes reformas que UGT y CCOO quieren poner sobre la mesa y que, más allá del despido, pasan también por una reforma del contrato a tiempo parcial para hacerlo más restrictivo, por blindar por ley la financiación que reciben por negociar los convenios colectivos y un decálogo de medidas para abordar la crisis de la vivienda.
En la cuestión del despido, el planteamiento pasaría por elevar las indemnizaciones y restablecer la readmisión si son cesados de forma improcedente o por fijar límites a la extinción de los contratos en periodo de prueba. En este último caso, exigiendo que se establezcan una serie de causas para poder ejecutarlo. La reforma que buscan los sindicatos también implicaría establecer indemnizaciones mínimas y compensaciones superiores a las de ley si consideran que esas cuantías no resarcen al trabajador.
UGT y CCOO han desvelado los detalles de su propuesta a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la posibilidad de que los juzgados concedan esas indemnizaciones ‘a la carta’ adaptadas a cada caso concreto. El Supremo rechazó esa posibilidad, pero los sindicatos entienden que la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que ha fallado hasta en dos ocasiones a su favor, sí da margen a los jueces para conceder compensaciones superiores a las tasadas por ley.
Asimismo, proponen recuperar los salarios de tramitación hasta resolver el caso. Una previsión que existía también en la legislación anterior a la reforma laboral de 2011, pero que fue suprimida por esta. CCOO y UGT quieren llevar su propuesta a la mesa de diálogo social para debatirla con el Ejecutivo y los empresarios. Aunque el Ministerio de Trabajo está a favor de endurecer las condiciones de despido, lo cierto es que la falta de mayoría en el Congreso dificulta su aprobación, que ya han tumbado iniciativas laborales como la reducción de jornada.
En el ámbito de la contratación, los sindicatos plantean endurecer las condiciones de los contratos a tiempo parcial, que consideran un foco de desigualdad de género que «supera el concepto de flexibilidad» y que se emplea «de forma abusiva» porque en la mayoría de los casos no es deseada por el trabajador.
En esta línea, plantean prohibir los contratos a tiempo parcial que superen el 80% de la jornada ordinaria. Esto implicaría que, para una jornada de 40 horas semanales, la jornada parcial permitida como máximo fuera de 32 horas. Además, proponen que siempre que se firme este tipo de contrato se justifique el motivo por el que no se ha rubricado a tiempo completo.
Los sindicatos también quieren impedir la fragmentación de la jornada diaria (salvo en casos tasados) e introducir una regulación más estricta de las horas complementarias (las que superan la jornada pactada en el contrato). Cuando la realización de estas horas sea recurrente, los sindicatos plantean que se puedan consolidar en la jornada. En cualquier caso, reclaman que la empresa avise al trabajador con siete días de antelación de las horas complementarias que se le requieran y que el empleado esté en su derecho de renunciar al pacto de horas complementarias avisando con 15 días de antelación, transcurrido un año del acuerdo. Reclaman, asimismo, que este tiempo de trabajo se retribuya como si fuesen ‘horas extra’.
El tercer pilar de la propuesta pasa por aprobar una ley de negociación colectiva y diálogo social para que, entre otras previsiones, la financiación de las organizaciones sindicales y empresariales quede al margen «de la disputa política». Una reclamación que se produce después de que gobiernos autonómicos como el de Castilla y León o Comunidad Valenciana hayan aprobado recortes en las subvenciones que reciben. «Negociamos convenios que afectan al 95% de las personas que trabajan», ha defendido el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján. Una labor que, ha añadido, «no está blindada ni desde el punto de vista legal ni financiero».
En concreto, la propuesta establece que «se aprobarán partidas económicas anualmente que permitirán, por su cuantía, la posibilidad material del ejercicio del diálogo social y la negociación colectiva». Al mismo tiempo, la ley busca evitar que haya «vacíos de negociación», habilitar mecanismos para cubrir sectores sin convenio e incorporar la información económica de los sectores y empresas en la negociación colectiva.
