Los representantes de los trabajadores proponen a CEOE y Cepyme subir los salarios un 12% hasta 2028, al que plantean sumar un incremento adicional del 9% para los sueldos que se sitúan por debajo del salario medio anual. El último documento de estas características fue firmado en el año 2023 y su vigencia llegaba hasta el 2025, por lo que ahora los representantes de los trabajadores y las empresas tienen que iniciar las conversaciones para renovarlo. Si bien, desde el ámbito empresarial se muestran reacios a abrir este diálogo en tanto que entienden que los sindicatos consiguen sacar adelante todas las medidas que no consiguen negociar en los convenios «tocando a la puerta del Ministerio de Trabajo», según contó este periódico. No obstante, los sindicatos esperan poder abordar la duración de jornada o los límites al recorte de complementos salariales en esta mesa. «Vamos a ver la voluntad real de CEOE de abordar esta negociación» advertía el secretario general de CCOO, Unai Sordo, al esbozar este texto. Los sindicatos sitúan la propuesta en un contexto de récord de márgenes empresariales que les permiten ser más ambiciosos. Así plantean a los empresarios elevar los salarios cada año un 4% (en 2026, 2027 y 2028) al que se añadiría un incremento adicional para los trabajadores que tengan un salario inferior al sueldo medio, de entre un 1% y un 3%, en función de la brecha que exista entre su nómina y los ingresos medios del país.
De esta forma, por primera vez, los sindicatos ponen sobre la mesa un planteamiento para elevar más los salarios más reducidos que no se ven beneficiados por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con el objetivo de evitar que los trabajadores con «sueldos estancados» se queden «atrapados» en el umbral salarial que marca cada año el Gobierno. Estiman que estos incrementos extraordinarios afectarían al 64% de los asalariados en España, a unos 11 millones de personas, y tendrían una mayor incidencia en la agricultura, la ganadería o el empleo doméstico.
Su propuesta es que los salarios de los trabajadores que son un 10% más bajos que por el salario medio crezcan un 1% adicional a ese 4% general, los que se ubican un 20% por debajo de esa referencia un 2% y los que tienen un salario un 30% inferior al sueldo medio un 3% adicional, esto es, un 7% cada año entre 2026 y 2028. CCOO y UGT estiman, a partir de la EPA, que la mayor parte de los trabajadores se ubican en la primera franja, de forma que hay seis millones de trabajadores un 30% por debajo del medio.
Además, abogan por mantener una cláusula de garantía salarial que se aplicaría en el caso de que el IPC interanual de diciembre (el índice que marca la evolución de la inflación respecto al año anterior) sea superior al porcentaje de subida que se hubiera acordado para ese año. A diferencia del V AENC, en el que se recogió que los salarios subirían como máximo un 1% adicional al incremento acordado, los sindicatos abogan por elevar este porcentaje al 1,5% para cada uno de los años que abarcaría el acuerdo.
Si bien, los portavoces de CCOO y UGT han enumerado hasta ocho materias en las que quieren ahondar en las conversaciones que mantengan con los empresarios, a los que ahora enviaran una carta para solicitar formalmente la constitución de esta mesa de negociación. Los sindicatos creen que los compromisos asumidos en materia de derechos digitales o igualdad se han desarrollado solo parcialmente en los últimos tres años, por ello plantean impedir que la empresa pueda ponerse en contacto con los trabajadores fuera de su horario laboral (salvo en casos de urgencia) o crear la figura del delegado de igualdad o el comité de igualdad para asegurar que se cumple la normativa.
Los sindicatos también han querido incorporar a este debate la situación de la vivienda, que creen que va a condicionar la evolución del mercado de trabajo, en tanto que sus precios desincentivan a los trabajadores a desplazarse a regiones donde hay más demanda de profesionales. En este sentido proponen llevar a cabo un análisis de la evolución de los salarios, el número de vacantes sin cubrir y la dificultad de los trabajadores para acceder a una vivienda para adoptar medidas como ayudas públicas, alojamientos vinculados al empleo o viviendas públicas. Asimismo, apuestan por impulsar complementos salariales que faciliten el acceso a una vivienda en las regiones más problemáticas.
