El Gobierno materializó hace una semana su propuesta: elevarlo un 3,1% (hasta los 1.221 euros al mes) y mantenerlo exento de tributación, una cifra que queda muy lejos de la propuesta elaborada por los órganos de la patronal que pusieron sobre la mesa un incremento del 1,5% con el que pagaría IRPF. Por ello, trató de hacer un guiño a CEOE comprometiéndose a elaborar un texto para cambiar la ley que impide compensar el impacto de esta subida en los contratos con el sector público, no obstante, Hacienda ha cerrado la puerta a estudiar este cambio, lo que reduce a cero las opciones de acuerdo.
Esta es una demanda que la organización empresarial había trasladado año tras año al Ejecutivo en las negociaciones para abordar los incrementos anuales del salario más bajo, e incluso la había puesto como condicionante para firmar un acuerdo al respecto. Díaz, desde su llegada a la cartera reconoció que este requerimiento tenía que atenderse y ha intentado en diferentes ocasiones propiciar un cambio de posición en los ministerios de Hacienda o Economía. En la última reunión, la cartera de Trabajo transmitió cierto optimismo al respecto -según las fuentes consultadas- lo que propició una postura más abierta de la patronal a un acuerdo, sin embargo, en cuestión de horas, fuentes del Ministerio de Hacienda se negaban a estudiar una revisión de esta desindexación.
La posición de los ministerios socialistas dinamita las opciones de llegar a un acuerdo a tres, entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal que no se da desde el año 2020. Desde CEOE evitan poner el no definitivo hasta el encuentro de este viernes, si bien, tanto la cifra como el planteamiento defendido por Trabajo distan de la propuesta avalada por los órganos de dirección de la patronal.
No obstante, la subida del SMI es una competencia exclusiva del Gobierno, por lo que lleguen a un acuerdo solo con los sindicatos o no, el departamento de Díaz trasladará la subida al Consejo de Ministros en las últimas semanas de enero o al inicio de febrero para actualizar la cifra que también condiciona la cotización mínima a la Seguridad Social. Además, esta aprobación tendrá efectos retroactivos, de forma que las empresas tendrán que compensar a los trabajadores que cobren el SMI por la diferencia que exista con el salario que hayan percibido este mes de enero.
