Los expertos de la agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P) reiteran en su informe de perspectivas para 2026, que los cerca de 21.000 millones que el Estado transferiría a las regiones con este nuevo modelo de financiación, sin demandar garantías de que los usen para reducir el déficit público, supondrán un efecto arrastre de descuadre en las de la Administración Central.
Todo esto en un momento en el que España tiene que estar preparada para las tensiones que se vienen en materia de gasto, sobre todo en el derivado del envejecimiento de la población, es decir, sanidad y pensiones, y el de Defensa. Rodríguez Anglada, Lead Analyst, Sovereign & International Public Finance, S&P Global Ratings, reiteró en la presentación que esta reforma del sistema de financiación «supone mayores transferencias del Estado». Por tanto, la Administración Central «pierde margen de actuación» porque asignaría más recursos en un momento en el que «vienen fuertes presiones en el gasto». Por tanto, esta disminución de los recursos a nivel estatal «podría implicar un mayor déficit a nivel estatal».
Sin duda, tal y como dijo el experto de S&P, «el déficit y la deuda son como la materia, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma», y con los ingresos pasa igual. La fórmula es bien sencilla, si la Administración Central deja de ingresar para dárselo a las Comunidades, pero estas no cuadran sus cuentas y gastan más, el déficit de España aumenta, puesto que el cálculo agrupa los déficits de todas las Administraciones Públicas. En un momento en el que el Gobierno tiene que organizarse para lo que se le viene próximamente, que es el incremento del gasto en pensiones y en Defensa.
