Así lo refleja la última estadística del Ministerio que dirige Saiz. Las horas no trabajadas por incapacidad temporal han crecido un 48,3% desde el cuarto trimestre de 2019, antes de la llegada de la pandemia. El año pasado se saldó con un gasto superior a los 13.000 millones de euros para el Estado, derivado de más de 8,1 millones de bajas por contingencia común. Esto supone cifras que sobrepasan en un 55% y 36%, respectivamente, a los datos del último año antes de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Los expertos y académicos esgrimen varias razones que explicarían este cambio estructural.
Una de las que más peso tiene es la sobrecarga de los servicios públicos de salud, con la consiguiente prolongación de los procesos por listas de espera que se alargan durante meses. Esto supone no solo un problema para las arcas públicas sino también para trabajadores y empresas. Para paliar parte del problema, el Gobierno acordó el pasado mes de julio en el marco del diálogo social con patronales y sindicatos, la derivación a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social de las bajas de origen traumatológico. Se trata de aprovechar los recursos asistenciales de estos organismos frente a la saturación de la sanidad pública, cuyos facultativos seguirán siendo los encargados de dar las altas.
Al margen de la situación de los servicios públicos de salud, los expertos también señalan como causa del aumento de las bajas que cada vez hay más la población trabajadora de mayor edad. También un creciente reconocimiento de las enfermedades de salud mental o que, debido a la buena marcha del empleo, los trabajadores tienen menos temor a ser despedidos por estar de baja. Otra parte podría deberse al denominado absentismo, entendido como la no asistencia sin causa justificada.
Para tratar de arrojar luz sobre todos estos factores, los agentes sociales y el Gobierno acordaron también en julio abrir tras el verano una línea de trabajo que permita hacer un seguimiento de indicadores de Incapacidad Temporal. Para ello se constituirá una mesa específica para el seguimiento y control de estos convenios y el análisis de la evolución de la IT. Se trata de hacer un diagnóstico a partir del cual el departamento que dirige Saiz se planteará introducir reformas en el sistema que ayuden a paliar la situación.
Y el fenómeno es de tal magnitud que logró poner de acuerdo a patronal y sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. «Manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes», decía el texto tejido en mayo de 2023 por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el trimestre del año un 9,8% de los ocupados (casi 2,1 millones) no trabajaron en la semana de referencia. De ellos, 885.000 estaban de vacaciones y113.000 tenían permisos por nacimiento. El grueso estaba en los 971.000 que estaban ausentes por enfermedad, accidente o incapacidad temporal. Asimismo, las horas no trabajadas por incapacidad temporal supusieron en el cuarto trimestre de 2023 el 5,4% de las horas cotizadas (4,0% antes de la pandemia). Desde el cuarto trimestre de 2019 las horas no trabajadas por este motivo se han disparado un 48,3%, casi cinco veces más que las horas cotizadas totales, recoge un informe de CaixaBank Research en base a datos de la Seguridad Social.
Dicho estudio subraya además que el aumento del absentismo se observa en prácticamente todos los países de la eurozona y que España se encuentra en la parte alta del ranking en la ratio, aunque por debajo de economías como la alemana o la francesa.
En cambio, nuestro país sí destaca por un fuerte crecimiento del absentismo desde la crisis sanitaria del coronavirus. Es, de hecho, el segundo país donde más ha crecido respecto al mismo trimestre de 2019, solo por detrás de Malta. Si se toma en cuenta exclusivamente el absentismo por Incapacidad Temporal, «el aumento respecto al primer trimestre de 2019 también ha sido intenso, pasando del 2,7% al 4,6%», subraya el informe rubricado por los economistas Nuria Bustamante y Sergio Díaz.
Al margen de todo esto, la estadística de la Seguridad Social refleja también que sus cuentas registraron un superávit de 3.100,9 millones de euros al cierre de julio, lo que supone un 35% menos que los 4.773,8 millones del mismo periodo del año pasado. Según el Ministerio, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 7,5% interanual, hasta los 95.660 millones de euros (6.661 millones más que en 2023). En cuanto al gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 119.854 millones, un 8,2% más que en el mismo periodo de 2023. Esta cifra representa un 94% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. De ellos, la mayor partida (110.017 millones) corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 8,1%.
El gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) se incrementa un 7,3% hasta los 98.025 millones de euros. Se debe fundamentalmente al número de pensionistas (1,3%), a la elevación de la pensión media (5%), así como a la revalorización general del 3,8% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2024.
Más allá de las de incapacidad temporal antes citadas, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, ascienden a 2.484 millones (un 7,7% más). Por su parte, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 9.837 millones de euros, un 9,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.