En concreto, las pensiones —contributivas y no contributivas— explican 9.460 millones del incremento interanual, mientras que las prestaciones contributivas distintas de las pensiones —donde la incapacidad temporal es la principal partida— han aumentado en 2.276 millones, y el gasto asociado a los subsidios no contributivos, con el Ingreso Mínimo Vital como motor principal, ha crecido en 656 millones.
Además, cabe recordar que este aumento del gasto se está produciendo en un marco presupuestario atípico. Los Presupuestos Generales del Estado llevan prorrogados desde 2023, pero las necesidades de gasto no respetan los tiempos legislativos. El presupuesto de hace dos años contemplaba que la Seguridad Social destinara a pensiones y subsidios 190.257 millones de euros, pero el gasto acumulado hasta noviembre de 2025 en estas partidas asciende hasta los 194.863 millones, lo que significa que el sistema ha agotado en la práctica el marco de gasto previsto para hace dos años. Y para poder hacer frente a esta diferencia, el Gobierno ha tenido que recurrir a modificaciones de crédito por valor de 34.904 millones hasta noviembre.
El Gobierno engorda con 5.000 millones la ‘hucha’ de las pensiones mientras la deuda de la Seguridad Social se dispara el doble
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De hecho, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha publicado este jueves un informe con las cuentas de la Seguridad Social completas del año 2025. Un documento con el que se dimensiona el desequilibrio estructural por el que atraviesa el sistema. Aunque —según el Banco de España— la deuda del organismo ha crecido en 10.000 millones de euros en 2025, desde Fedea advierten de que este alza es solo una parte del ajuste real, ya que el sistema se sostiene cada vez más gracias a las transferencias del Estado, financiadas con cargo a impuestos y deuda pública.
Así, de acuerdo con los cálculos de Fedea, el «déficit básico» de la Seguridad Social, es decir, el saldo negativo del sistema antes de incorporar las transferencias se habría situado en los 69.783 millones de euros en 2025. En la práctica, esto implica que el esfuerzo necesario para cuadrar las cuentas no se limita al aumento de deuda registrado oficialmente, sino que se apoya en una inyección anual de recursos públicos que eleva el agujero real del sistema hasta cerca de 70.000 millones, aunque una parte quede enmascarada contablemente al integrarse como ingresos vía transferencias.
El principal factor que explica el alza del gasto es el desembolso destinado a pensiones contributivas, es decir, las vinculadas a una vida laboral previa y a cotizaciones acumuladas. En los once primeros meses de 2024, la Seguridad Social destinó 148.023 millones de euros a esta partida, frente a los 156.446 millones de 2025. Es decir, un incremento interanual de 8.423 millones de euros. Y a esta cifra se suma el avance de las pensiones no contributivas —prestaciones destinadas a personas que no han cotizado lo suficiente para generar derecho a una pensión contributiva— y los complementos a mínimos, con un alza más moderada pero que también contribuyen a elevar el gasto total. En concreto, la Seguridad Social ha pasado de desembolsar 9.758 millones en 2024 a 10.795 millones en 2025, lo que supone 1.037 millones más.
En conjunto, el pago de las pensiones ha aumentado en 9.460 millones de euros hasta noviembre. Un alza en el que confluyen tres elementos fundamentales: la revalorización anual conforme a la inflación, el aumento del número de beneficiarios y el denominado efecto sustitución, es decir, la entrada de nuevos pensionistas con pensiones medias más elevadas respecto de los pensionistas que abandonan el sistema.
El segundo foco de presión presupuestaria proviene de las prestaciones contributivas distintas de las pensiones, en las que la incapacidad temporal se ha convertido en la partida dominante, concentrando el 77% del gasto total. Más allá de un fenómeno coyuntural, el coste de las bajas laborales lleva años escalando y se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza del sistema, como vienen advirtiendo desde hace tiempo las asociaciones empresariales. Entre enero y noviembre de 2024, los subsidios contributivos supusieron 19.208 millones de euros, cifra que en 2025 ha aumentado hasta los 21.484 millones, es decir, 2.276 millones más. Y dentro de este capítulo, la incapacidad temporal concentra la mayor parte del incremento. Las bajas laborales han pasado de costar 14.619 millones en 2024 a 16.607 millones en 2025, lo que implica un aumento de casi 2.000 millones (1.988 millones).
Por último, las prestaciones no contributivas también han aumentado. El gasto asociado a estos subsidios ha pasado de los 5.482 millones de euros entre enero y noviembre de 2024 hasta los 6.138 millones, lo que supone un desembolso extra de 656 millones. De este alza, el 98% se debe al gasto asociado al Ingreso Mínimo Vital, con 643 millones de euros más. En concreto, la Seguridad Social desembolsó 3.527 millones en 2024, frente a los 4.170 millones de 2025.
Y aunque el incremento es significativo, distintos organismos independientes han señalado en los últimos años que el alcance del IMV sigue siendo limitado en relación con el universo de hogares potencialmente elegibles. Según los datos del Ministerio de Seguridad Social, este subsidio llegó en diciembre a 799.553 hogares, lo que se traduce en 125.824 prestaciones activas más que un año antes. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó que el 55% de los hogares que podían solicitar el IMV, no lo hacían, lo que se traduce en que, con una cobertura completa, el coste presupuestario sería todavía mayor.
