En la actualidad, el fondo soberano saudí, el Public Investment Fund, controla de manera directa un 4,9% de Telefónica, y tiene la opción de comprar otro 5% a través de instrumentos derivados comprados por Morgan Stanley. Sin embargo, para ejecutar esos instrumentos y superar el 5%, necesita el permiso del Ejecutivo español.
Cuando el Gobierno reciba la notificación oficial, tendrá tres meses de plazo para decidir si autoriza, rechaza o condiciona la operación con determinadas exigencias, en base al Régimen de autorización previa para inversiones exteriores en España en actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional, que limita cualquier inversión foránea en este tipo de empresas al 5%.
Por el momento, se ha publicado que el Ejecutivo se inclinaría por imponer algunas condiciones, como obligar a respaldar determinadas políticas corporativas (inversión en proyectos considerados importantes para la nación), una política de dividendos prudente y un ratio de apalancamiento de grado de inversión.
El comprador también debería abstenerse de respaldar la venta de activos críticos o apoyar cualquier propuesta de privatización de la empresa.
