Las empresas se oponen a la subida que plantea el Gobierno alegando que ya soportan una alta carga fiscal y que de materializarse se pondría en riesgo la viabilidad de los reactores. PwC, en su informe El papel de la energía nuclear en el marco de la transición energética, presenta una serie de alternativas para compensar por otras vías el aumento que plantea el Ejecutivo.
Desde su creación en 2005, la tasa con la que las centrales nucleares financian las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) ha ido ‘in crescendo’ conforme Enresa ha ido incrementando los costes del plan. La última modificación se ha traducido en una propuesta que implicaría una subida del 40%, pasando de los 7,98 euros megavatio hora (MWh) a 11,14 euros/MWh a partir de julio.
La actualización de los costes futuros responde principalmente a la necesidad de mantener siete almacenes temporales descentralizados (ATD), uno en cada emplazamiento de las centrales nucleares, que sustituirán al fallido almacenamiento temporal centralizado (ATC), lo que supone un «extracoste» de 2.000 millones de euros que no es imputable a los propietarios de las centrales nucleares, sino derivado de una decisión política.
Foro Nuclear, en el que se encuentran representadas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP -además de otras organizaciones- ha presentado recursos contenciosos administrativos contra los reales decretos por los que se aprueba el 7º PGRR y se abandona el ATC en Villar de Cañas (Cuenca). También ha presentado alegaciones al futuro Real Decreto que modifica la denominada ‘tasa Enresa’. PwC explica que el total de impuestos y tasas para las centrales se sitúan en los 25 euros/MWh, que equivalen a entre un 35% y un 40% de su facturación anual. Con el aumento de la tasa, supondría hasta un 50% cuando los precios de la electricidad se sitúen alrededor de los 50 euros/MWh (media OMIP 2024-2034).
«La implementación de la nueva norma elevaría la carga fiscal hasta los 28 euros/MWh es decir, supondría 1.566 millones de euros de impuestos anuales a las centrales nucleares, una cifra que plantea grandes desafíos para la rentabilidad y competitividad del sector y encarecería esta energía para los consumidores finales», argumenta en el documento. En este sentido, plantea la siguiente cuestión: ¿Existe entonces una solución alternativa a la subida del 40% la Tasa Enresa? En su opinión, sí. La firma sostiene que la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética fue creada, entre otras cosas, para cubrir posibles incrementos no previstos en los costes del PGRR y que, por tanto, una solución posible pasa por que Enresa pueda cubrir los desvíos planificados en el séptimo plan con la recaudación de dicha ley y así no se aumente la carga fiscal la tecnología nuclear.
En concreto, mediante esta ley, las centrales pagan una tasa por la producción de combustible nuclear y residuos radiactivos que supone unos 5 euros/MWh y por la que hasta 2023 se han recaudado más de 3.000 millones de euros, cantidad que hubiese sido suficiente para cubrir el extracoste de 2.000 millones de euros que plantea el último PGRR si se hubiese guardado en un fondo para desviaciones de Enresa. «Si se destina a Enresa una parte de la recaudación futura del impuesto de la Ley 15/2012, no sería necesario incrementar la tasa a las centrales tal y como se propone con la propuesta de Real Decreto. Del mismo modo, si la recaudación sobrante del impuesto de esta misma ley se guardase en un fondo, se cubrirían posibles desajustes que Enresa pueda tener en el futuro», subraya el informe. Sin embargo, otras fuentes del sector avisan de que los impuestos de la Ley 15/2012 se destinan a evitar que haya déficit de tarifa y que si se quitan, habría que aportar ingresos desde otro lado. El mismo documento de PwC señala que la norma creó nuevas figuras impositivas en 2012 para lograr el equilibrio de ingresos y costes en el sector
Por otro lado, PwC señala que sería conveniente revisar la idoneidad de establecer impuestos a Enresa y que esta traslada luego a las centrales nucleares. Es práctica común en España que las estructuras de titularidad del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, así como los organismos autónomos y otros entes del sector público estén exentas de impuestos. «Simplemente el hecho de eximir también a Enresa del impuesto del almacenamiento centralizado de residuos radiactivos y combustible gastado establecido en la Ley 15/2012, reduciría los costes del 7º PGRR en 1.277 millones de euros (lo que equivaldría a reducir la tasa en aproximadamente 2€/MWh)».
