Aunque esta participación sindical en lo más alto de la empresa no se recogió en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Díaz, lleva reclamándolo desde hace tiempo. Para justificar su propuesta, que emula a la ley de cogestión de Alemania, el grupo plurinacional se basa en dos Directivas Europeas sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea y en la sociedad cooperativa europea, las cuales se transpusieron en 2006 mediante una ley que, según Sumar, es un «punto de partida sólido para un marco normativo más garantista».
También recuerda el grupo confederal que la propia Constitución en su artículo 129.2 ordena a los poderes públicos promover, de manera eficaz, las diversas formas de participación en la empresa.
Por todo ello, la formación de Yolanda Díaz defiende reforzar el marco normativo en relación con los mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras «en la toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa».
Sumar plantea también el «diseño e implementación de los instrumentos de control necesarios para asegurar que los derechos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la empresa resultan eficaces a tales fines». A esto se añade una propuesta para «extender y mejorar la cobertura de las representaciones de las personas trabajadoras en las empresas a nivel estatal y trasnacional» y, por último, un sistema que permita la participación sindical en los consejos de administración.
