En una entrevista con Servimedia, el representante de la patronal que agrupa a empresas como Mercadona, Dia o Lidl indicó que los impuestos medioambientales se justifican para “provocar cambios de comportamiento en las empresas y los ciudadanos”, pero, “en la práctica”, tiene un “claro afán recaudatorio”.
Magarzo subrayó que la previsión de recaudación del impuesto para este año es de unos 700 millones de euros que “casi equivale” a lo que ha supuesto para el sector la rebaja del IVA de algunos alimentos. “Va en contra de una situación como la que estamos viviendo con los alimentos y los bienes de gran consumo, con lo cual, ni nos ha parecido oportuno que se hiciera coincidir la entrada en vigor de este nuevo impuesto con una situación como la que estamos viviendo ni nos parecerá correcto que se prolongue”, dijo el director general de Asedas.
En este sentido, subrayó que el sector está haciendo “un gran esfuerzo” para “trasladar lo menos posible” las subidas de costes y bajar los precios “cuanto antes”, por lo que “si parte de ese esfuerzo se lo lleva el Estado en forma de recaudación fiscal, al ciudadano le estaremos creando un problema”.
Reconoció, además, que ha sido una legislatura “muy compleja” en la que han quedado “cosas pendientes” que se han convertido en “retos regulatorios”. “Estamos seguros que el Gobierno que salga de las próximas elecciones tendrá que hacer frente a ello y esperamos que lo haga en un diálogo con el sector”, señaló.
En concreto, indicó que el sector ha apoyado normas como la Ley de Cadena Alimentaria “para tratar de garantizar la sostenibilidad de la cadena”, pero que, sin embargo, han provocado problemas de “interpretación” y “seguridad jurídica”. Así, la distribución tiene “serias dudas” sobre la aplicación de una modificación de esta norma que obliga a cubrir los costes de producción del proveedor, pero “no permite que un contrato en el que ese proveedor certifica que los costes están cubiertos sirva como elemento de garantía del cumplimiento de la ley”.
Asimismo, subrayó que la nueva regulación medioambiental, además de suponer un coste, también les genera “incertidumbre”. Magarzo aseguró que el sector no conoce “cuáles son las frutas y hortalizas que se pueden envasar en formatos de menos de 1,5 kilos”.
Sobre la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), el director general de Asedas inquirió que el sector está representado a nivel europeo por Eurocommerce, que ha preparado un documento de propuestas sobre los principales retos del sector, la digitalización y la economía circular, sobre el que son “muy optimistas”. En concreto, la distribución buscará durante este período “el reconocimiento del carácter estratégico y esencial” del sector. En este sentido, el representante de Asedas indicó que, para afrontar los cambios del sector, es necesario invertir una cantidad “equivalente al total de los fondos Next Generation-EU”.
Magarzo se quejó de que, aunque se trata de “uno de los 14 ecosistema estratégicos de la UE”, no existe “una política clara y sistemática en favor de la competitividad”, algo que debería “impulsar” la Presidencia española. También subrayó que se debería contribuir a que el calendario de cumplimiento de los objetivos del Green Deal “se adecúe a la realidad, no se anticipe, ni se permita a los Estados miembro incorporar ocurrencias”. Magarzo incidió en la necesidad de hacer un calendario adecuado para que “todos los países podamos adaptarnos a los grandes retos de la economía circular de una forma razonable”.
Con todo ello, el director general de Asedas señaló que España debería liderar estas “soluciones” para que no lo hagan otros países con “intereses distintos”. Magarzo apuntó que en octubre se reunirá el consejo de administración de Eurocommerce en Madrid y trasladará al Gobierno sus propuestas en una reunión que el sector está preparando.
Una de las cuestiones que marcarán el futuro del sector será la posible introducción de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases similar al que funciona en otros países de Europa si no se cumplen los objetivos de recogida separada de los productos de plástico en 2023 o en 2027, según la Ley de residuos y suelos contaminados de 2022.
Frente a este sistema, el sector ha venido mostrando su oposición. Magarzo subrayó que hay que fijar “objetivos claros y plazos adecuados razonables” e indicó que el sector se queja de que se obligue a “adoptar determinadas medidas” para alcanzar estos objetivos, algo que “suele salir mal” porque son los empresarios los que conocen “cuáles son los instrumentos” que hay que adoptar para cumplir los objetivos y que sean “compatibles con los modelos de negocio y con los intereses de sus consumidores”.
Sobre el sistema de depósito, en concreto, señaló que España tiene una red de distribución alimentaria mayoritariamente compuesta por establecimientos “de mediano formato y en proximidad”, por lo que “no se puede imponer” un sistema de gestión de envases que sea “incompatible” con esa estructura, ya que sería «descabellado».
“El sistema de tratamiento de envases en nuestro país tiene que evolucionar y alcanzar objetivos más ambiciosos, pero eso no se puede hacer imponiendo el método a cada uno de los operadores, sino exigiéndoles el cumplimiento y dándoles libertad para elegir la mejor manera de cumplirlo”, explicó. “Se trata de elegir la manera más adecuada sin que eso suponga un problema para la estructura de negocio ni genere un coste añadido a los consumidores”, añadió
