La compañía confirma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha recibido la reclamación de las penalizaciones por parte del operador público y tilda de «improcedentes» las sanciones propuestas. En un hecho relevante remitido al regulador al cierre de mercado este martes, Talgo adelanta que, tras realizar un análisis exhaustivo de la situación, ha procedido a remitir una contestación formal en la que, además de reafirmar su improcedencia, «aporta nuevos argumentos y justificaciones que refuerzan la validez y suficiencia de las razones previamente presentadas».
Este montante de penalización forma parte de un paquete de indemnizaciones que el operador público le ha imputado al fabricante de trenes por el retraso en la entrega, que asciende hasta, al menos, 167 millones de euros, lo que supone cerca de una tercera parte del coste de 600 millones de la construcción de los 30 Avril encargados por Renfe a Talgo. Según revelan desde el fabricante, la misiva que ha enviado Renfe incluye una orden de ingreso para que su proveedor cumpla con el pago. La cúpula, por su parte, informa a sus accionistas que «continuará adoptando todas las medidas legales necesarias» en aras de proteger sus intereses. El germen del conflicto se origina cuando los trenes que la entidad pública adjudicó al fabricante por 1.491 millones -con mantenimiento incluido- debían entregarse en enero de 2021, sin embargo, las primeras unidades entregadas finalmente se demoraron hasta el pasado abril, y el operador sigue a la espera de recibir una flota de siete trenes.
