Según fuentes conocedoras del encuentro, el organismo se inclina por fijar una rentabilidad del entorno del 6,5%, apenas 340 puntos básicos por encima de la rentabilidad actual del bono soberano a diez años (3,1%) frente a las peticiones del sector que rondan el 7,5% y que supondrían 4.000 millones más.
Esta propuesta, que debe darse a conocer en las próximas semanas, representaría una reducción superior al 20% respecto a la tasa vigente, establecida en 2020, cuando el diferencial superaba los 400 puntos básicos y dejó la tasa de retribución en el 5,58%.
En la práctica, implicaría un deterioro sustancial del atractivo inversor en un sector clave para la transición energética, justo en un momento en que se requieren más recursos que nunca para modernizar las infraestructuras.
Según datos de las eléctricas, en 2024, solo se ha podido dar acceso a 6 de los 67 GW solicitados, es decir, un exiguo 10%. El Gobierno necesita acelerar la inversión en redes eléctricas durante los próximos años para impulsar la llegada de proyectos industriales al país.
Transición Ecológica tiene previsto que se destinen 52.360 millones hasta el año 2030. Para lograr alcanzar esta cantidad, el Ejecutivo tendrá que triplicar el límite a la inversión actual del 0,13% del PIB puesto que se acumula un retraso importante, de casi el 80%, que no se ha invertido en el periodo actual por los topes existentes.
Bruselas estima que las inversiones anuales deberán duplicarse, hasta alcanzar entre 75.000 y 100.000 millones de euros al año hasta 2050, lo que podría elevar los costes de distribución y transporte entre un 50% y un 100%. De no adaptarse, la competitividad industrial europea y la asequibilidad del suministro para hogares y empresas estarán en riesgo. ACER urge a rediseñar los modelos tarifarios para fomentar un uso más eficiente de la red y evitar incentivos perversos que distorsionen el sistema o trasladen costes de forma injusta entre usuarios.
La paradoja es evidente. Mientras el Gobierno -accionista mayoritario- respalda tasas de retribución superiores al 7% en sectores regulados como ferrocarriles (Adif), aeropuertos (Aena) o telecomunicaciones (Telefónica), la CNMC propone una rentabilidad más baja para las redes eléctricas.
