La defensa del exasesor de Ábalos pide amparo al TC para que suspenda la celebración de la vista oral, que inicia el próximo 7 de abril
Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes, Ábalos, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en un último intento de suspender el juicio por el denominado ‘caso mascarillas’, que arrancará en el Tribunal Supremo dentro de siete días.
En el escrito, la defensa sostiene que durante la tramitación de la causa se han vulnerado once de sus derechos fundamentales, y pide al tribunal de garantías que anule la última resolución dictada por el Supremo —que desestimó las cuestiones previas planteadas por las defensas— y suspenda la vista oral mientras se resuelve el amparo, en base al artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite paralizar actos cuya ejecución pueda hacer perder la finalidad del recurso.
Con este paso, el que fuera asesor ministerial quema su último cartucho para tratar de frenar el juicio en el que se analizará si él, el propio Ábalos y el empresario de Aldama obtuvieron comisiones ilegales a cambio de favorecer a la empresa Soluciones de Gestión —vinculada a este último— en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El juicio está previsto que comience el próximo 7 de abril en la Sala de lo Penal del Supremo.
En su recurso, la defensa de Koldo, ejercida por la abogada de la Hoz, sostiene que varias decisiones adoptadas durante la instrucción y en la fase previa al juicio han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Entre otros argumentos, denuncia que el Supremo habría ignorado «sistemáticamente» hechos y pruebas relevantes aportados tras la vista de cuestiones previas.
Entre esos elementos cita el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 24 de febrero, incorporado a la causa que se sigue en paralelo en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Según la defensa, ese documento demostraría que el exasesor continúa siendo investigado por los mismos hechos en ambos tribunales, lo que a su juicio supondría una «duplicidad de investigaciones» contraria al principio non bis in idem, que prohíbe el doble enjuiciamiento por los mismos hechos.
La defensa sostiene que ambos procedimientos se refieren a los mismos hechos y al mismo periodo temporal, en torno a contratos adjudicados a empresas vinculadas a Aldama. De hecho, subraya que el último informe de la UCO incorporado a la causa de la Audiencia Nacional —en el que también se menciona a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera— analiza operaciones relacionadas con la compra de mascarillas que responderían al mismo supuesto esquema de comisiones. Además, la letrada denuncia que no ha tenido acceso completo a pruebas que considera clave para preparar la defensa, especialmente a los teléfonos y dispositivos electrónicos incautados durante los registros. A su juicio, esta situación le ha obligado a elaborar la estrategia procesal «a ciegas», sin poder analizar los datos originales ni encargar informes periciales independientes.
Otro de los ejes del recurso se centra en la propia competencia del Tribunal Supremo para juzgar el caso. De la Hoz argumenta que, tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado el pasado enero, la causa debería haber abandonado el alto tribunal y remitirse a la Audiencia Nacional, ya que Koldo García carece de aforamiento.
A su juicio, esto supone «una excepción al sistema ordinario» que interpreta como «forzosamente restrictiva», y que priva al exasesor del derecho a una doble instancia penal, al ser juzgado directamente por el órgano judicial superior.
