La mayoría izquierdista de la Corte considera que «no se pueden juzgar los motivos del legislador» para aprobar el texto porque únicamente a éste corresponde representar y expresar la «voluntad popular»
La tercera sesión del Pleno monográfico sobre la amnistía que ha celebrado el Constitucional, este miércoles, ha sido la última sesión dedicada al debate sobre el encaje legal de la norma. Un texto que recibirá el aval de la Corte de Garantías, de acuerdo con la propuesta de ponencia presentada por la vicepresidenta y magistrada Inmaculada Montalbán, que mañana será sometida a votación y recibirá el aval de los seis miembros del bloque izquierdista, frente a los cuatro magistrados del ala profesional que se oponen a la legalidad de la misma.
El TC ha concluido las deliberaciones correspondientes al primero de los recursos presentados contra la polémica ley de borrado penal del procés, en este caso, por el Partido Popular; y, según estaba previsto en el cronograma personal del presidente del órgano, Conde-Pumpido, tras la emisión formal de los votos que tendrá lugar en la próxima jornada, este mismo jueves, la impugnación cabecera quedará contestada, a favor del texto, «antes de este verano».
Así las cosas, y tras dar luz verde a la constitucionalidad de la amnistía, como figura jurídica abstracta, la mayoría del Tribunal ha ratificado, para el caso concreto de la norma que se analiza –pactada entre el Gobierno de Sánchez y sus socios separatistas de Junts, a cambio de sus siete votos para la investidura– la legalidad de regular este tipo de excepciones a la responsabilidad penal en España.
Mientras ayer se sentaban los cimientos en virtud de los cuales todo lo que no esté «expresamente prohibido» por la Constitución está, por lo tanto, permitido. En la sesión de hoy, la tesis que se ha impuesto pasa por rechazar un juicio de intención del Poder Legislativo, en tanto en cuanto «representante de la voluntad popular».
Es decir, para los magistrados Conde-Pumpido, Díez, Montalbán, Balaguer, Sáez y Segoviano, no corresponde al TC «juzgar los motivos del legislador» para aprobar la Ley de Amnistía. Si bien, nada dice el fallo que están dispuestos a impulsar, en las próximas horas, sobre cómo la misma se articuló a través de un acuerdo previo alcanzado entre el Ejecutivo y el líder de un partido, Puigdemont, que no sólo está imputado por corrupción sino que, además, es prófugo de la Justicia española.
