«Tampoco existe una adecuada trazabilidad de los expedientes y su contenido una vez los bienes han sido tasados, lo que dificulta la identificación y localización», expone el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización del «Plan Nacional sobre Drogas».
Según el organismo, las incidencias más relevantes se detectan en la gestión y control de los bienes decomisados, y expone que esto es «en relación con el almacenaje» puesto que «no hay personas en plantilla encargadas del control directo de los bienes decomisados ni tampoco del análisis con vistas a gestionar de manera eficiente su enajenación».
El informe recoge que la financiación del Plan Nacional sobre Drogas –dependiente del Ministerio de Sanidad– procede en su mayor parte de los ingresos generados por el Fondo de bienes decomisados a través de modificaciones presupuestarias que, en 2022, «superaron el 276,86% de sus créditos iniciales, con relevantes retrasos en su tramitación».
El análisis llevado a cabo por el Tribunal revela que los objetivos presupuestarios y de gestión definidos por la Delegación Nacional para el Plan sobre Drogas –ejercicio 2022– «llevan a una mera cumplimentación de datos estadísticos y, a su vez, que los indicadores no son de resultados que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos ni el impacto de las acciones emprendidas».
Por lo que se refiere a la gestión de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, el Tribunal advierte que «no sigue el procedimiento establecido en el Reglamento del Fondo sino un procedimiento propio no regulado normativamente».
Por todo ello, el Tribunal realiza un total de diez recomendaciones dirigidas a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con el fin de llevar a cabo «mejoras organizativas y de gestión de los bienes decomisados y de las ayudas concedidas». El informe del Tribunal de Cuentas referente al Plan Nacional sobre Drogas se ha publicado la misma semana que el Ministerio del Interior ha informado de la destrucción de más de 3.300 toneladas de drogas en los últimos cinco años, gestionando la eliminación de 400 toneladas solo en los nueve meses de 2024, gracias a la colaboración del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autoridades judiciales.
En concreto, se han destruido desde 2020 más 1.670 toneladas de hachís y 287 toneladas de cocaína, además de 446 toneladas de objetos contaminados como navajas, balanzas y prensas usadas en la manipulación de las sustancias estupefacientes. El proceso de eliminación de drogas está avalado por los Juzgados de Instrucción y la Fiscalía, que garantizan el desarrollo de las investigaciones mediante la toma previa de muestras antes de su envío a plantas especializadas para proceder a su destrucción en hornos industriales a 850 grados.
