El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias a la Societat Valenciana Fira València, que gestiona el recinto, y a la Generalitat Valenciana por el cobro de sueldos y dietas indebidos en la empresa pública.
La apertura de diligencias se produce después de que la Sindicatura de Comptes, en una auditoría de las cuentas anuales de Feria Valencia, detectara una serie de incumplimientos significativos de normativa, entre ellos que las el informe de la Sindicatura apuntaba que las retribuciones del director general superan el límite previsto y que las indemnizaciones percibidas por los trabajadores en concepto de dietas y gastos de transporte superan los importes del Decreto 24/1997 sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios, entre otras cuestiones.
En ese sentido, fuentes de la Conselleria de Innovación ha confirmado que el Tribunal de Cuentas le ha dado traslado de unas diligencias previas «relacionadas con una serie de hechos en materia de personal que habrían sido evidenciados en el Informe de Sindicatura de Cuentas respecto al ejercicio 2023 de Fira Valencia».
Las mismas fuentes han explicado que la denuncia fue trasladada por parte del Tribunal de Cuentas a Fira Valencia para que desde la empresa pública se formularan las correspondientes alegaciones, «trámite que debidamente fue cumplido por Fira Valencia». Así, han explicado que únicamente consta formulada dicha denuncia, sin que por parte del Tribunal de Cuentas se haya decido aún iniciar la fase de instrucción.
Igualmente, han señalado que los aspectos cuestionados por la Sindicatura están vinculados con la subrogación de personal realizada en 2023, «proceso que se ha hecho siguiendo la hoja de ruta diseñada por el Gobierno del Botanic», y han remarcado que el informe analiza la situación en el momento primero de la subrogación, es decir, el 6 de mayo de 2023.
Desde la empresa pública niegan «cualquier tipo de responsabilidad, dado que la actuación acometida por esta entidad se acomodó a la más estricta legalidad». En concreto, según han precisado desde la Conselleria, en las diligencias previas se cuestiona que no haya una relación de puestos de trabajo (RPT), que está actualmente en fase de negociación y pendiente de aprobación por parte de sector público y que el presupuesto de gastos de personal no cuenta con los informes necesarios, cuando ahora ya hay un presupuesto aprobado que incluye esos gastos.
También han detallado que se denuncia la existencia de salarios por encima del máximo contemplado en la normativa pública, que actualmente «se han congelado desde noviembre del 23», y que hay complementos salariales no recogidos en convenio, una cuestión que se solucionará «cuando la RPT esté aprobada».
Además, la Conselleria ha explicado que se cuestiona el pago del kilometraje y las dietas a los trabajadores por encima de lo que marca la Generalitat para sus empresas. Un aspecto que «los servicios jurídicos de feria creen que son derechos adquiridos, pero se va a dirimir la discrepancia con Intervención y en todo caso se ha anunciado al comité de empresa que se van a adecuar a la normativa».
Las mismas fuentes de la Conselleria han indicado que «los hechos denunciados se enmarcan en la obligación legal de subrogación de los trabajadores y de sus condiciones laborales que Feria Valencia estrictamente respetó por mandato legal una vez que en mayo de 2023 se produjo la cesión global de activos y pasivos de Feria Muestrario Internacional de Valencia a favor de Fira Valencia».
El proceso por el que la institución ferial se convirtió en en una empresa pública culminó el rescate de la entidad, después de que Feria Valencia no pudiese afrontar la elevada deuda con la que financió su ampliación hace casi dos décadas. El proyecto de cesión global de activos de Feria, han señalado desde el actual Consell, llevaba la firma de los entonces conseller de Economía Sostenible y vicepresidenta de la Generalitat, Rafael Climent y Aitana Mas.
Para hacerlo posible, mediante un acuerdo del Consell de marzo de 2023 la nueva sociedad pública se subrogó la totalidad de la plantilla de la antigua Feria Valencia, «asumiendo un compromiso explícito de mantener todos los derechos de la plantilla subrogada, salarios, seguridad social, y cualquier otra obligación en materia de protección social, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 44», han explicado desde la Conselleria de Innovación. Esto se produce meses antes de que en julio se produjese el cambio de gobierno en el Consell y pasasen las competencias a manos del PP.
Además, la actual administración autonómica ha defendido que en la documentación oficial de la transición que emite la Generalitat se recoge que «todos los trabajadores pasan a la nueva empresa con todos sus derechos intactos». Además, ha añadido que «el Estatuto de los Trabajadores también ampara esos mismos derechos en la subrogación».
