A partir de la constitución de las mesas habrá un plazo de 30 días para la negociación del ERE, tal y como establece el marco legal laboral. Una vez constituidas las mesas, la compañía dará más detalles sobre el número de afectados por el ajuste.
La dirección no ha avanzado a los representantes de los trabajadores detalles de la cifra de afectados ni las condiciones. Los ajustes podrían afectar a un máximo de 5.000 empleados, si bien la operadora maneja a un número entre 2.500 y 3.000 personas. Estas compañías cuentan, en la actualidad, con una plantilla conjunta cercana a 16.000. UGT y CC OO supeditan su apoyo al ERE a un consenso sobre el convenio colectivo.
UGT advirtió de que mantendrá un único posicionamiento, descartando negociar en diferentes tiempos o acuerdos. Entre otras cuestiones, exige el mantenimiento de las garantías de revisión salarial y triple de empleo; el avance hacia la jornada laboral de 35 horas semanales; la extensión de la jornada semanal flexible bonificada, la ampliación del teletrabajo y la póliza de reembolso dental extensión para toda la plantilla. Los sindicatos ya señalaron que quieren un convenio hasta 2026, el mismo periodo que cubre el nuevo plan estratégico presentado por Telefónica.
Estas negociaciones irán en paralelo a la del convenio colectivo de los empleados de las tres sociedades y, de hecho, los sindicatos ya han advertido de que no aceptarán un acuerdo sin el otro. El último ERE que planteó Telefónica se produjo en 2011, cuando despidió a más de 6.000 empleados, una medida que provocó un cambio de legislación. A partir de ese ERE, durante el Gobierno de Zapatero, se estableció que las empresas con más de 500 trabajadores que tuvieran beneficios y acometieran un ERE para al menos un centenar de empleados deberían efectuar una aportación al Tesoro Público para compensar su impacto en el sistema de protección por desempleo.
Esta medida se conoció como “Enmienda Telefónica”. El Gobierno, posterior, ya con Rajoy al frente, rebajó el tamaño de la empresa a 100 empleados. Desde entonces, Telefónica ha optado por poner en marcha salidas de trabajadores a través de lo que se denomina PSI (Plan de Suspensión Individual) de empleo. Hasta tres planes de este tipo ha presentado la compañía, uno en 2016, otro en 2019 y otro en 2021. En total, han sido cerca de 11.000 empleados los afectados.
