La Comisión Europea (CE) ha creado un sistema de control en un plazo relativamente corto para el principal fondo de recuperación de la UE tras la pandemia: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El TCE ha examinado el diseño de este sistema de control y ha hallado lagunas de fiabilidad y rendición de cuentas en la protección de los intereses financieros de la UE. Los Estados miembros están obligados a comprobar que los proyectos
de inversión financiados por el MRR cumplen las normas nacionales y de la UE, pero la CE dispone de escasa información verificada propia sobre esos controles y desconoce si los están llevando a cabo y de qué manera. Sin garantías de que se cumplan estas normas, existe una falta de rendición de cuentas a escala de la UE.
La CE canaliza el dinero a través del MRR de una forma nueva: realiza pagos a países de la UE cuando está segura de que han cumplido los objetivos acordados anteriormente en sus planes nacionales de recuperación mediante el logro de hitos y objetivos. A tal efecto, la CE ha establecido un conjunto extenso de controles a fin de verificar los datos que proporcionan los países para demostrar que los han logrado. Sin embargo, para los proyectos de
inversión financiados por el MRR, el cumplimiento de las normas nacionales y de la UE pertinentes no es una condición para el pago, a diferencia de lo que sucede en otros programas de financiación de la Unión. De hecho, la CE tampoco verifica el cumplimiento de estas normas al controlar las solicitudes de
pago de los Estados miembros.
La CE tiene previsto examinar en los próximos años si los controles realizados por cada país de la UE son adecuados. Se centrará en evaluar si los sistemas de control de los propios países son capaces de prevenir, detectar y corregir casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación. La CE está facultada para recuperar cualquier importe procedente de esas actividades
ilícitas si los países no lo hacen. Sin embargo, el órgano ejecutivo de la UE no tiene previsto examinar cómo comprueban los países que los proyectos de inversión financiados por el MRR se ajustan a las normas nacionales y de la UE. En consecuencia, la CE dispone de escasa información verificada, lo que afecta a la fiabilidad que puede proporcionar. Los auditores advierten de que el incumplimiento de las normas nacionales y de la UE, en aspectos como la contratación pública, las ayudas estatales y la subvencionabilidad, está muy extendido en otros programas de gasto de la UE y constituye un riesgo grave para los intereses financieros de la Unión. Solicitan a la CE que encuentre formas de colmar las lagunas de fiabilidad a escala de la UE.
La CE no ha publicado orientaciones sobre qué hacer si se produce un retroceso en una medida financiada, lo que hace más probable que los hitos y objetivos que se han revertido pasen desapercibidos. No está claro cuál será el impacto de ese retroceso. Además, solo ahora, casi a mitad de la vigencia de este instrumento temporal, ha determinado cuánto dinero debería inmovilizarse o reducirse si un país no cumple plenamente un objetivo o hito. Los auditores también señalaron que la información sobre el fraude tiene margen de mejora y que se necesita una mayor orientación acerca de las correcciones a tanto alzado que deberían aplicarse de forma coherente respecto a las insuficiencias observadas en los sistemas de control de los países.
El MRR representa la mayor parte de la financiación de la UE para la recuperación tras el COVID-19 y proporciona apoyo financiero a gran escala (385.800 M€ en préstamos y 338.000 millones en subvenciones) con el fin de acelerar la recuperación económica de los Estados miembros de las consecuencias de la pandemia y hacerlos más resilientes. España e Italia son los mayores beneficiarios de las subvenciones y han recibido conjuntamente el
43% del total. El Mecanismo apoya reformas y proyectos de inversión desde febrero de 2020, y seguirá haciéndolo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Para su financiación, la CE contrae empréstitos en los mercados de capitales y emite deuda común de la UE. La auditoría se inscribe en el contexto de un gran número de pagos que deben realizarse todavía. El objetivo de las recomendaciones de los auditores es contribuir a garantizar un sistema adecuado de controles para la protección eficaz de los intereses financieros de la UE. Los auditores tienen previsto analizar también en el futuro los controles del MRR de los países de la UE
