El ministro ha pedido en numerosas ocasiones que que se haga público el supuesto informe de la Guardia Civil y en el que, según algunos medios, se le relaciona con Koldo García, exasesor del ministro de Transportes, Ábalos. “Pongamos punto y final a esta infamia”, señaló el ministro en conversación con Servimedia.
Su entorno relató a esta agencia de noticias el “calvario” que está pasando estas semanas por un supuesto informe del que dan cuenta algunos medios y que sigue sin publicarse. Al ser ‘fantasma’ nadie puede saber de qué se le acusa a Torres, explican desde su entorno, e insisten en que se le está haciendo daño a su familia “y eso no se perdona”.
El Juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga estos contratos de mascarillas de más de 50 millones de euros, en los que habría presuntamente cinco millones de euros repartidos en mordidas entre los imputados en el procedimiento judicial. En el equipo del ministro desconocen cuándo se hará público ese informe, pero garantizan que por parte de Torres “no saldrán peticiones de mordidas, comisiones, pisos o mujeres explotadas sexualmente”.
En informes previos presentados por la UCO se menciona a Torres con motivo de un WhatsApp del 14 de agosto de 2020 entre el empresario que está siendo investigado en la trama, Víctor de Aldama y Koldo García. Ambos mencionan a Torres como interlocutor para unas adjudicaciones de mascarillas y tres días después, el exasesor de Ábalos envió un audio al entonces presidente canario proponiendo «dos cosas» relacionadas con suministros sanitarios. El ministro afirmó el pasado 21 de enero, en la segunda vez que acudió a la comisión de investigación del Senado, que intervino personalmente en el pago por unas mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa asociada a la trama que está siendo investigada por el juez Ismael Moreno. Sin embargo, afirmó que no «ordenó» ningún pago, que la transferencia se hizo por «derecho». «No tengo capacidad de ordenar nada. No tengo capacidad para dar órdenes de pago. Se comprobó que era un derecho de la empresa y se cumplió», señaló.
Torres añadió que el contrato firmado con dicha empresa establecía un 50% de pago por adelantado y el otro 50% cuando el material hubiera sido entregado. El pago en el que se involucró el ministro fue el segundo pedido de material por el que se adquirieron dos millones de mascarillas EPI KN95 por 5 millones de euros y, según explicó, debían haberse pagado en mayo, cuando se entregaron, y en julio llega la queja «por el Ministerio de Transportes para que se cumpla el contrato». Torres recalcó que se implicó porque era una empresa que «trabajaba para el Ministerio de Transportes». «Me trasladan que esa empresa (Soluciones de gestión) tiene problemas de cobro y me lo dice una persona del Ministerio de Transportes”, en referencia a Koldo García. Así, aseguró que no le «extrañó» la insistencia de Koldo en el pago. “No me extrañó que se preocupase viendo que trabajaba para el Ministerio de Transportes y vi que tenía razón».
Sobre el mensaje de WhatsApp con Koldo en el que afirmó que dormiría más tranquilo tras pagar los 5 millones a Soluciones de Gestión, el ministro destacó en esta comisión que, “por supuesto” que duerme tranquilo “cuando tres meses y medio después se pague un contrato que debía haberse abonado en mayo. Defender los intereses generales es no pagar intereses de demora. Una vez que se comprobó que el material era adecuado, se abonó», remarcó.
Torres reiteró que “había llegado el 23 de julio una carta porque habían pasado meses y no se había abonado el contrato. Habíamos detectado que el Gobierno de Canarias tenía que haberlo abonado en el mes de mayo. Ante las evidencias, un gestor tiene que cumplir la ley. Cumplo con los contratos que se firman… ¿Un presidente público para qué está?», zanjó.
Ahora el ministro pide que se publique ya el informe para poder defenderse después de “un año muy duro” en lo personal y profesional tras estas acusaciones. Desde su equipo insisten: “No van a encontrar nada porque no hay nada. Ojalá se publique pronto”.
